CCR: anomalías por $1 millón en plan de reconstrucción hospitalaria

Una dirección de auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR) detectó una posible responsabilidad patrimonial de $1 millón en un examen al proyecto de reconstrucción y mejoramiento hospitalario que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) impulsó durante la pandemia por covid-19 en El Salvador."Hemos notificado un informe definitivo que tiene que ver con los fondos que se han destinado para la reconstrucción para la red hospitalaria, también se ha reportado una responsabilidad que potencialmente puede derivar en un monto de arriba de $1 millón”, expresó el presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Anzora, en declaraciones públicas.El informe, de acuerdo al funcionario, tiene carácter definitivo, es decir, con hallazgos no desvanecidos por los auditores, luego de las explicaciones de los funcionarios a cargo.El presidente de la Corte de Cuentas también informó de hallazgos en otro informe sobre la entrega de bonificaciones de $150 al personal de salud, con una posible responsabilidad patrimonial de $100,000. 

El proyecto.

En mayo de 2020, el Gobierno anunció que a través del Ministerio de Obras Públicas invertiría en reconstrucción y mejora de hospitales un total de $28 millones.En una primera fase invirtieron, según cifras de Presidencia de la República, $3.6 millones, fondos con los cuales se rehabilitaron unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos: $2.6 millones en infraestructura y $1 millón para aires acondicionados para los "30 hospitales a nivel nacional”. El proyecto del Ministerio de Obras Públicas preveía la instalación de 4 unidades de cuidados intensivos adicioanles en el Hospital San Rafael, en Santa Tecla, y 17 en el Hospital de Zacatecoluca, en La Paz.El 24 de junio, la Presidencia publicó que ya se habían realizado obras por $5.2 millones para los 30 hospitales, con la contratación de 11 empresas, 200 albañiles y carpinteros 

A juicio de cuentas.

La responsabilidad patrimonial es determinada según el daño económico sufrido por la institución pública, debido a una acción o una omisión culposa de servidores públicos o de terceros, de acuerdo al artículo 55 de la Ley de la Corte de Cuentas.Los informes con hallazgos u observaciones se remiten, luego de ser notificados, a las cámaras de primera instancia, para iniciar el juicio de cuentas.El juicio de cuentas busca determinar la responsabilidad patrimonial y administrativa, y determina reparos a cada funcionario, empleado o terceros, emplazándolos para que hagan uso de sus derechos. Si las pruebas de descargo desvirtúan los reparos, la Cámara declarará desvanecida la responsabilidad.