Claudia Ortiz critica regulación "muy amplia" de sociedades de economía mixta para minería en El Salvador

Martes 14, Enero 2025 - 3:46 PM
Claudia Ortiz, diputada de Vamos. / Jessica Guzmán.

Diputada critica que, tal como está la ley, el Estado podría tener únicamente el 1 % de las acciones de una sociedad y un privado, el 99 % de acciones restantes.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, cuestionó este martes el establecimiento de "sociedades de economía mixta" en el artículo 6 de la Ley General de Minería, una figura con la cual el Estado junto a privados podrán realizar actividades de minería en El Salvador. "Deja cosas muy amplias que no pueden quedar así. Se habla de sociedades de economía mixta que podrían crearse por parte del Estado para hacer las actividades mineras. Vemos ejemplos cómo "Constructora El Salvador" o "Chivo Wallet", se desconoce quiénes son los accionistas, entonces, el Estado podría tener 1 % de acciones; y privados podrían tener una gran cantidad de acciones, 99 %; y sería legal”, expuso Ortiz. El artículo 6, si bien indica que "el Estado será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país producto de la minería metálica" permite que pueda realizarlo "a través de sociedades en la que posea participación accionaria y de economía mixta”, sin establecer un mínimo de acciones estatales o un máximo de acciones de privados. Al consultarle a la diputada Ortiz si ella pedirá derogar la Ley de Minería, respondió que actualmente está debatiendo y dialogando el tema con sectores. "Estamos en el debate, estamos en el diálogo con los sectores sobre ese tema y vamos a mantener ese debate y ese diálogo para con la ciudadanía decidir cuál sería el siguiente paso”, respondió. Este martes, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, pidió la derogatoria de la Ley General de Minería pero no obtuvo el apoyo de los diputados de la bancada mayoritaria, únicamente de Claudia Ortiz, de Vamos. Villatoro aseguró que esta Ley es "inconstitucional porque la misma Constitución de la República obliga a que todos los funcionarios públicos y salvadoreños respetemos los recursos naturales y porque atenta contra la vida de los salvadoreños”.