¿Cómo eliminar las plazas fantasmas? Esto dice el sindicato de la Asamblea

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral), Luis Ortega, aseguró que la eliminación del fenómeno de plazas fantasma en el congreso no depende de una regulación legal, si no de una "decisión política" que está en manos de la legislatura entrante.En la entrevista matutina Repúlica 33, Ortega aseguró que la reciente polémica por las plazas fantasmas; es decir, personal que está contratado sin trabajar en la Asamblea Legislativa, es en realidad un problema "histórico" que "siempre han denunciado", incluso ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), y durante la administración del expresidente legislativo, Norman Quijano.Quijano aseguró este lunes que logró hacer recortes de plazas durante su mandato en la Asamblea; sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo le ordenó hacer reinstalos por haber vulnerado los derechos de los trabajadores.Entonces, ¿qué se necesita para interrumpir los abusos en las contrataciones? Según Ortega, lo principal es una "solución política". Ortega indicó la semana pasada que hay más de 1,200 "plazas fantasmas" en la Asamblea Legislativa. Al ser cuestionado sobre cómo han constatado que estas personas no se presentan a trabajar al congreso o no laboran de forma remota; el sindicalista dijo que estimaron ese número con base en el número de afiliados a su sindicato y el sistema de marcación. Según datos del Sitral, más de 2,400 personas laboran actualmente en la Asamblea Legislativa. De estas, unas 1,078 plazas están adscritas a fracciones políticas y 1,222 plazas en área institucional.

¿Y la ley de Función Pública?

Antonio Morales Carbonell, miembro del Equipo Impulsor de la Función Pública, aseguró que la contratación de plazas fantasma en la Asamblea Legislativa es solo un síntoma de una enfermedad mayor, que se extiende en todas las ramas del Estado. El único tratamiento factible, dijo, es una ley que regule la función pública; es decir, a los trabajadores del Gobierno.En 2018, la cooperación española elaboró un estudio diagnóstico en la Asamblea Legislativa, en el que se reveló que desde hace décadas se dejó de hacer contrataciones planificadas de acuerdo a necesidades reales, y se ha "forzado la contratación de simpatizantes y parientes". La mayor deuda del Estado para regular estos abusos, indicó Carbonell, es la creación de una entidad que regule las contrataciones del Estado, que en 2006 crecían a un ritmo de 2,500 por año. Solo en 2021, según el Presupuesto General de la Nación, se crearon más de 9,000 plazas nuevas, y la mayor parte está en el Gobierno central. "Eso es sencillamente insostenible", apuntó el experto. Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea se opone a la aprobación de una ley que regule la Función Pública, por considerar que transgrede los derechos de los trabajadores. A la fecha, ningún partido político ha mostrado un apoyo decisivo en aprobar una ley de la función pública, dijo Carbonell. De parte del Ejecutivo, que mostró voluntad de avanzar en ese tema a finales de 2019, las reuniones terminaron sin frutos.