"Compatriotas que decidan regresar serán recibidos con brazos abiertos", Martínez

"Los compatriotas que decidan regresar al país serán recibidos con brazos abiertos y con programas de emprendedurismo, empleo, entre otros", dijo el canciller Hugo Martínez, en la conferencia de prensa luego de conocerse que Estados Unidos decidió cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los salvadoreños. Pero, con prórroga o permiso de permanecer en la nación americana por 18 meses.En su postura oficial, donde se hizo acompañar de la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, a quien agradeció por su apoyo, se hizo un llamado a la calma, pues, ambos funcionarios dijeron que por el momento no habrá deportaciones masivas."Sabemos que la terminación del Estatus de Protección Temporal, el 9 de septiembre de 2019, tendrá un gran impacto para familias en los EE.UU. y en El Salvador. Les aseguramos que EE.UU. continuará trabajando con el gobierno de ESA para mejorar la seguridad y economía de El Salvador", agregó Manes.  Estados Unidos cancela el TPS a El Salvador"El Gobierno salvadoreño manifiesta su agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos por este anuncio (prórroga) el cual reafirma los fuertes lazos de amistad y de cooperación que mantienen como socios histórico", se lee en el comunicado. Estas son las recomendaciones que hace abogado a salvadoreños del TPSTambién, consideran que el permiso extendido por 18 meses fue una reacción a las acciones que realizaron como Gobierno en los Estados Unidos a favor de los compatriotas y, por ello, agradecen también a los funcionarios que intercedieron por los salvadoreños amparados por el TPS.  Asimismo, el Gobierno salvadoreño dice los compatriotas que buscarán alternativas que, a través del Congreso estadounidense, permitan que se propicie su estabilidad migratoria en dicho país.De acuerdo con Martínez, la reducción del flujo migratorio hacia Estados Unidos, también contribuyó a que se otorgaran los 18 meses de permiso.El TPS fue otorgado al Estado salvadoreño por las consecuencias que dejaron los terremotos de 2001.