Condenan a 65 años a asesinos de oficial PNC

Sábado 25, Mayo 2019 - 12:01 AM
Los acusados enfrentaron el juicio mediante videoconferencia. / DEM
El Juzgado Especializado de Sentencia "C” de San Salvador, condenó ayer a los homicidas del inspector Lorenzo Antonio Rojas Herrera y de su hijo Marvin Edgardo Albayero Rojas, a penas de hasta 65 años de prisión.La condena mayor fue para Walter Alexander Ortiz, quien, según el testigo criteriado "Madonna”, fue el que disparó a las víctimas; mientras que Heriberto Crespo Salinas, alias "Kiler”; José Alfredo Jiménez Fernández, "Guacalchilla”; Cristian Geovanni Mendoza Hernández "Geovanni”, y Jorge Alberto Hernández Pérez, "Koki”, recibieron una condena de 43 años y cuatro meses.Estos últimos imputados serán puestos en libertad pero con brazalete electrónico, ya que este viernes 25 de mayo se cumplen dos años de su captura y la normativa establece que una persona no puede estar en detención más de dos años sin conocer su situación jurídica definitiva.La sentencia por escrito será entregada el próximo 4 de junio y desde esa fecha corre el plazo para que la defensa pueda apelar, al no estar en firme la decisión judicial; los cuatro condenados deben quedar en libertad y en el caso de Ortiz, seguirá en la cárcel porque tiene otro proceso penal.El juez que conoció de la causa al momento de emitir el fallo absolvió a los cinco pandilleros por el delito de homicidio tentado, ante la insuficiencia probatoria, la incomparecencia de la víctima "Clave Volcán” y tampoco se pudo determinar si con la lesión de arma de fuego recibida hubo peligro de muerte.Este hecho ocurrió el 16 de noviembre del año 2016, cuando los integrantes de la MS-13 atacaron a las víctimas al salir de su casa de habitación y se disponían abordar el vehículo en el que se transportarían hacia su trabajo.El móvil del hecho fue porque los pandilleros se enteraron que Lorenzo Antonio Rojas Herrera era policía, mientras que de su hijo creían que era soldado. Fecha4/06/2019El juez de la causa entregará por escrito la sentencia para que las partes procesales puedan presentar recurso de apelación ante la Cámara Especializada de lo Penal.