Condenan a tres años excarcelables a exministro Ramírez Landaverde por actos arbitrarios

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a tres años de prisión excarcelable al exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde por el delito de actos arbitrarios. El fallo se emitió este día tras un extenso proceso penal que se desarrolló por más de un año. Tras la condena, el exministro dijo que su lectura del fallo era: "Si ya lo tuvimos tres años (preso), siquiera eso démosle", en alusión a los más de dos años y medio que permaneció en detención provisional. Previo a la resolución de los jueces, el exministro Landaverde expresó que la única resolución válida era la absolución a su favor y con ello recobrar su libertad. "No ha habido un apego a esa verdad que se ha constatado en el proceso, significa más bien que se ha impuesto en la decisión de los jueces otros factores que son ajenos al proceso”, dijo Landaverde. Ayer, el exfuncionario manifestó en una entrevista radial que durante todo el proceso judicial ocurrieron varias anomalías y violaciones en su contra. "Todas las anomalías, las irregularidades, las ilegalidades que se dieron que se han cometido a lo largo del proceso, el incumplimiento de parte de las autoridades de diferentes órdenes que se dieron para su libertad, el haberme sometido a castigos adicionales, completamente ilegales que la ley no contempla, como privarme de ver a mi familia, no darme la oportunidad de ejercer la defensa material, mantenerme incomunicado, no darme asistencia médica, todo eso significa un ensañamiento, no iba intención de llegar a la verdad, ni aplicar la ley”, aseguró el exfuncionario.

Más condenas

Además de Ramírez Landaverde, el tribunal también hizo otras condenas: para el exviceministro de Seguridad, Raúl Antonio López, el tribunal lo condenó a tres años de prisión. Mientras tanto el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima, se le impuso también la pena de tres años de cárcel. En el caso del exdirector jurídico del Estado, José Roberto Noche Melara, obtuvo una sentencia de dos años de prisión. El exsubdirector general de Centros Penales, Orlando Elías Molina Ríos, recibió tres años de prisión. Por otro lado a Luis Alonso Barrera Peñate una pena de dos años. Para la exempleada de la dirección general de Centros Penales, Flor de Maria Hernández Alfaro, el tribunal la condenó a tres años y al exinspector de Centros Penales, Ramón Roque Mártir, le fue impuesta una pena de dos años de cárcel. Todos ellos por el delito de actos arbitrarios, sin embargo, el Tribunal decidió sustituir la pena por trabajos de utilidad pública. Además, los jueces dictaminaron que los fondos de las tiendas penitenciarias fueron usados para la compra de vehículos que pasaron a la asociación Asocambio, por lo que ordenaron el traspaso de la flota a la propiedad del Estado para el uso de la Dirección de Centros Penales. El Tribunal absolvió a los imputados del delito de peculado, ya que argumentaron que los fondos no son de carácter público, no obstante sí se comprobó el delito de actos arbitrarios. Con respecto al delito de falsedad ideológica, el Tribunal resolvió a favor de José Luis Hércules Ávalos, así como del delito de cohecho impropio. Para los empleados de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) los jueces indicaron que no se comprobó el delito de cohecho impropio, por ello, fueron absueltos.

El caso

Mauricio Ramírez Landaverde junto al exinspector general de Centros Penales, Ramón Roque Mártir y 17 personas más fueron procesadas por el caso conocido como Asocambio, referente a supuestos actos de corrupción en tiendas penitenciarias, por delitos como actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad. A las 19 personas, la Fiscalía General de la República (FGR) los acusó de conformar la Asociación Yo Cambio (Asocambio), entidad donde supuestamente captaron y administraron fondos que familiares de reos depositaban para alimentación. Durante la vista pública, la Fiscalía solicitó que el exministro de Justicia y Seguridad Pública fuera condenado a 16 años de prisión por el delito de actos arbitrarios y peculado. Además de un pago de $60,061.63 en concepto de responsabilidad civil. Mientras que para los demás acusados, la FGR pidió penas que van desde los 4 a 15 años de cárcel, así como el pago de una responsabilidad civil.