Corte declara inexistentes algunas declaraciones de bienes de ministros
Jueves 09, Septiembre 2021 - 5:15 AM
Alac-Funde solicitó información de declaraciones patrimoniales de funcionarios nombrados en 2021 por el presidente así como algunos nombrados en el año 2020. Probidad no los registra como obligados.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró como "información inexistente” las declaraciones juradas de patrimonio de todos los funcionarios de la administración del presidente Nayib Bukele nombrados en 2021, informó este miércoles el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac).Probidad argumentó, según una resolución remitida a Alac, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), que ninguna institución ha reportado declaraciones patrimoniales de sus funcionarios y empleados públicos como obligados por lo que es "información inexistente”."Ninguna institución los ha reportado como obligados a presentar su respectiva declaración jurada de patrimonio, en los corgos (sic) arriba señalados, por eso no se entregan, ya que es información inexistente, Art. 73 de LAIP”, indica el documento.La respuesta se refiere a la solitidud realizada el 16 de agosto de las declaraciones patrimoniales de ministros y viceministros nombrados en el año 2021.Alac-Funde pidió la versión pública de declaraciones de patrimonio presentadas por el exministro de Agricultura y Ganadería, Rolando Martínez Pineda, juramentado en abril de 2021; el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Juan Carlos Bidegaín Hananía, juramentado en abril de 2021; la viceministra de Relaciones Exteriores, Patricia Comandari Zanotti, juramentada en octubre de 2020; del director general de Correos, Franklin Castro, y de funcionarios nombrados por el presidente en 2021.
Señalan retroceso.
Organizaciones defensoras de la transparencia calificaron como retroceso la negativa de la Corte Suprema de Justicia de brindar información del patrimonio de funcionarios del presidente Nayib Bukele.Wilson Sandoval, coordinador de Alac-Funde, manifestó que es posible que se oculte información para evitar que se detecte crecimiento patrimonial ilícito."Aquí hay un tema de no querer entregar no querer exponer un tema de información patrimonial de los actuales funcionarios públicos. Especialmente, creo que cuando se pueda cotejar esa información al final de sus períodos, podríamos encontrar anomalías que puedan determinar que hay un enriquecimiento ilícito y esa es la cuestión”, consideró Sandoval.Derecho a la información pública.
Carlos Palomo, presidente de a Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), indicó que la decisión de no entregar la versión pública de las declaraciones de patrimonio que hacen funcionarios vulnera el derecho de acceso a la información pública."Los datos de las declaraciones patrimoniales son de interés público y además de relevancia significativa, porque permiten escrutar el patrimonio de los funcionarios, con lo cual se pueden obtener indicios de prácticas irregulares o incrementos desproporcionados de patrimonio”, acotó Palomo. Coincidieron en que conocer las declaraciones patirmoniales permitió conocer casos de corrupción de exdiputados y expresidentes como Antonio Saca y Mauricio Funes.Probidad recibe los datos remitidos por servidores públicos, quienes según la "Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos” están obligados a presentar su declaración de bienes al momento de iniciar su cargo y al finalizarlo.En su artículo 3 de la normativa, la ley establece que los funcionarios "deberán rendir por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio” dentro de los 60 días después de haber tomado posesión en el cargo público.El dato
Según la Sección de Probidad de la CSJ, los funcionarios o las instituciones no han enviado sus declaraciones patrimoniales de inicio de funciones. Alac considera es un retroceso.Patrimonio bajo reserva
La Corte Suprema de Justicia ha declarado bajo reserva informaciones patrimoniales de funcionarios solicitadas al oficial de acceso a la información pública, por ejemplo, a las adendas de las auditorías.- Reserva a adendas
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