El Tribunal de Apelaciones del distrito de Columbia rechazó este sábado un recurso del Gobierno estadounidense con el que buscaba reactivar las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados, una política impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La decisión, tomada por mayoría de 2-1, respalda un fallo emitido por la jueza federal Jia Cobb, quien en agosto bloqueó temporalmente estas deportaciones al considerar que vulneran los derechos de los migrantes al debido proceso. El gobierno había solicitado una suspensión mientras apelaba, pero el tribunal no accedió.

La corte consideró improbable que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pueda demostrar que su mecanismo de deportación acelerada cumple con los estándares constitucionales.

“Nada en el expediente muestra que a las personas detenidas se les brinde la oportunidad de disputar si califican legalmente para la Deportación Expedita”, señala la resolución judicial.

Además, criticó que no se garantice la posibilidad de presentar pruebas sobre su permanencia continua de dos años en Estados Unidos, requisito fundamental para evitar ser deportado bajo este procedimiento. La jueza Cobb ya había advertido que la política “prioriza la rapidez” y que “llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado”.

La medida fue restablecida por Trump en enero, retomando una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021). Esta permite deportar de forma inmediata a cualquier persona indocumentada que no pueda comprobar al menos dos años de permanencia en el país, sin necesidad de audiencia judicial previa.

La política ha generado una fuerte polémica entre defensores de los derechos de los migrantes, que denuncian que las expulsiones aceleradas pueden llevar a errores irreparables, al no permitir una evaluación individual de cada caso ni el acceso a asesoría legal.

El fallo representa un nuevo revés judicial para el gobierno del presidente Trump, que ha buscado endurecer las políticas migratorias como parte central de su agenda. La orden judicial impide, por ahora, que se sigan aplicando estas deportaciones sin pasar por un proceso judicial más exhaustivo.

Se desconoce si el Departamento de Justicia presentará una nueva apelación ante instancias superiores, pero el tema podría escalar hasta la Corte Suprema, dada su relevancia nacional.