La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) comenzó este miércoles a tratar
el caso de Manuela, una salvadoreña condenada a 30 años de cárcel por un "parto precipitado" y extrahospitalario que fue tipificado de homicidio agravado. La audiencia, que se prolongará hasta el jueves,
se efectuá en forma virtual desde San José, Costa Rica, y enfrenta a la familia de Manuela, quien falleció de cáncer en prisión en 2010, contra el Estado de El Salvador.El fallo podría demorar de seis meses a un año.En la apertura de la audiencia fueron escuchados los peritos Guillermo Ortiz, un veterano ginecólogo salvadoreño residente en Estados Unidos, y la abogada argentina Laura Clérico.En San Salvador,
la abogada defensora de Manuela, Angélica Rivas, aseguró a la AFP que tiene "expectativas altas" de que la Corte va a lograr "establecer todas las violaciones" que argumentaron en su petición.
"Aspiramos que a se reconozca que Manuela fue víctima de violación a los derechos humanos múltiples", estimó Morena Herrera, coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE).Herrera espera una "reparación integral" para la familia y en un acto público la "dignificación" de la imagen de Manuela y de otras 18 mujeres que aún están encarceladas por emergencias obstétricas.Manuela no sabía leer ni escribir y vivía en una zona rural con escasos recursos.
Sufría un "cáncer linfático" no diagnosticado que, según Sara García, de la Colectiva Feminista, le provocó una emergencia obstétrica.El 27 de febrero de 2008, tras sufrir un fuerte dolor pélvico y abdominal, Manuela fue a una letrina que se encontraba a unos metros de su casa.
En agosto de 2008, Manuela fue condenada a 30 años de prisión, y el 30 de abril de 2010, cuando tenía 33 años de edad, murió esposada a una cama en el área de reos del hospital nacional Rosales, donde recibía tratamiento contra el cáncer linfático.El código penal salvadoreño prohíbe el aborto en todos los supuestos y establece penas de hasta 8 años. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los involuntarios, como "homicidio agravado", penado con hasta 50 años de prisión.