Corte Plena con un año sin resolver casos de Probidad

Un informe del Departamento de Estudios Legales (DEL) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) detalló que a partir de agosto de 2017 la Corte Plena no ha ordenado un nuevo juicio por indicios enriquecimiento ilícito y que sí archivaron seis casos que ahora están bajo reserva.Lilliam Arrieta, investigadora del DEL-Fusades, señaló que hay un sustento legal para que la Corte Plena pueda seguirse reuniendo para tomar decisiones; requiere al menos ocho votos para hacerlo.Según el informe, hasta junio de 2018, la Sección de Probidad realizaba 42 auditorías patrimoniales: en 10 casos ya existe un informe de auditoría pendiente de ser evaluado por la Comisión de Ética y Probidad, instancia que actualmente solo tiene dos magistrados de la Corte.Ocho casos y auditorías están finalizadas y evaluadas por la Comisión de Ética y Probidad; y están pendientes de ser conocidas por Corte Plena, de acuerdo a datos solicitados por DEL-Fusades y divulgados en el informe de coyuntura legal del primer trimestre 2018.Fusades detalla que la Corte reservó seis casos bajo argumentos de "supuestamente para proteger la intimidad y confidencialidad de las personas investigadas”."Los ciudadanos no tienen la posibilidad de ejercer contraloría de las actuaciones de la Sección de Probidad y de la Corte Plena”, sostiene Fusades, que sugirió dar versiones públicas de las resoluciones.Todos los funcionarios o exfuncionarios públicos deben declarar sus bienes a la Sección de Probidad, porque la ley sobre el enriquecimiento ilícito así se los obliga.A junio de 2018, de todos los funcionarios, el 79.7 % han presentado su declaración de toma de posesión y el 57.7 % de cese de funciones. El menor nivel de cumplimiento se da en los hospitales y en las autónomas.