La oenegé Cristosal teme que
el presidente Nayib Bukele esté creando "un entorno hostil” alrededor de los defensores de derechos humanos que están trabajando con las víctimas de la masacre de El Mozote. Señalan que en un reciente acto del Ejecutivo, Bukele excluyó a las Asociación Promotora de los Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) y emprendió "ataques infundados” contra el defensor David Morales, miembro de Cristosal. Reprocharon que haya una
"tendencia narrativa del presidente Bukele por crear un entorno hostil para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en El Salvador, cuestionando su legitimidad”.Cristosal calificó como "positivo que el Gobierno exprese voluntad de realizar obras en comunidades afectadas por crímenes de guerrea y de lesa humanidad”, pero remarcó que
"tales obras deben realizarse en el marco de las obligaciones específicas”, que mandó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), y que según la organización dicha sentencia ha sido ignorada por el actual Gobierno y administraciones anteriores."Las intervenciones estatales que no responden a estándares de derechos humanos, únicamente devienen en actos vacíos publicitarios”, señalo la organización, en referencia a la promesa del presidente de construir una centro de bienestar, el establecimiento de programa de becas y otros proyectos sociales, y que según ésta deben cumplir con lo mandado en la sentencia de la CorteIDH.La misma CorteIDH que le solicitó al Estado de El Salvador que presentase información sobre el bloqueo a la inspección judicial de los archivos militares, que se dio entre septiembre y octubre pasados, y que
Cristosal lamenta que al impedir investigarlos, el Gobierno de Bukele "no solo incurre en encubrimiento, sino que protege a los responsables de la masacre”.Cristosal asegura continuarán su trabajo de defensa a los sobrevivientes de El Mosote, apoyándolos "en su lucha por verdad, justicia y reparación, pese a los ataque que la tenaz y admirable lucha de las víctimas está provocando”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) programó para marzo de 2021 una audiencia para que el Estado salvadoreño explique la razón o razones por las que se bloqueó una inspección judicial de los archivos militares relacionados con la matanza de 1.000 personas en El Mozote en 1981.