Cuba y Venezuela otra vez bajo la lupa por violar DDHH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a incluir a Cuba y Venezuela en su lista negra de naciones que violan los derechos humanos en su informe anual publicado ayer, que también alerta sobre un agravamiento en la protección de derechos en la región.Cuba y Venezuela mantienen "persistentes”, "graves”, "sistemáticas y "alarmantes” restricciones a los derechos políticos y civiles, que afectan en particular a minorías y grupos vulnerables, dijo la CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).La CIDH ya había denunciado en febrero el deterioro democrático y de derechos humanos en la Venezuela presidida por Nicolás Maduro. El informe publicado entonces era el tercero en 15 años en señalar un agravamiento de la crisis en ese país, tras los elaborados en 2003 y 2009 bajo mandatos del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.Venezuela apareció por primera vez en la lista negra de la CIDH en 2002 y ha permanecido allí desde entonces con excepción de 2004. Cuba está desde 1985. Sobre CubaLa CIDH dijo que consultó "una amplia gama de fuentes”, incluidos los gobiernos de Cuba y Venezuela.Cuba, que fue excluida del sistema interamericano en 1962 y no reconoce a la CIDH, aunque según ésta técnicamente sigue bajo su mandato, no respondió, como lo hace desde hace décadas.Venezuela sí contestó, diciendo que el informe tenía "una visión selectiva y altamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos” en el país.Caracas denunció la Carta de la OEA el año pasado. Pero la CIDH, que tiene jurisdicción sobre el país hasta que se concrete su salida de la organización, en abril de 2019, instó al gobierno de Maduro a reconsiderar esa decisión."Existe en la región un panorama alarmante de retrocesos en materia de protección de los derechos humanos”, dijo la CIDH, especialmente con relación a niños y adolescentes, indígenas, migrantes y refugiados.Entre los problemas que contribuyen a esta situación, destacó la impunidad, las violaciones al debido proceso, los límites a la independencia del Poder Judicial, los abusos policiales, la discriminación, la pobreza y la exclusión social.