Debaten que funcionarios actualicen su patrimonio

[caption id="attachment_621135" width="293"] Declaración de bienes: Los funcionarios tienen la obligación de rendir cuentas a su entrada y salida, aunque no de manera intermedia[/caption]El próximo jueves, el Instituto de Acceso a la Información Pública iniciará el debate sobre las posibles actualización de las declaraciones patrimoniales de funcionarios y empleados públicos, a raíz de una solicitud de información hecha a la Corte Suprema de Justicia.Se trata de la declaración patrimonial del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, que ha sido solicitada a la Corte por el ciudadano Herbert Danilo Vega; según el solicitante, una posible orden del IAIP "sentaría precedente” para que los ciudadanos conozcan la situación económica de los funcionarios públicos."La repercusión es que todos los funcionarios públicos y empleados públicos se les va a poder obligar a actualizar su declaración patrimonial, por lo menos una vez al año, por lo menos”, expresó Vega a Diario El Mundo.A criterio del comisionado del IAIP, Jaime Campos, el punto que el pleno debatirá es qué pasa con los funcionarios cuyo cargo es prolongado o incluso vitalicio, como los magistrados de la Corte Suprema, cuyo cargo dura nueve años, y como los jueces y magistrados de cámaras, cuyo cargo duran prolongadamente y quienes solo han presentado una declaración patrimonial, actualmente no obligada por ley."Cuando la Sección de Probidad requiere hacer un análisis, no tiene con qué cotejarlo, esa es la importancia que tendría en el supuesto que el Instituto avale”, sostuvo el comisionado.Vega dice que sus argumentos están basados en el artículo 27 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (Leifep) que establece que la Sección de Probidad estará en el deber de mantener actualizados los archivos de control de sujetos obligados."La controloría ciudadana va a atener acceso al comportamiento económico del funcionario”, auguró Vega.  Declaración de bienesLos funcionarios tienen la obligación de rendir cuentas a su entrada y salida, aunque no de manera intermedia.