La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) apelará la condena de 15 años de prisión impuesta al activista salvadoreño Fidel Zavala por el delito de estafa agravada contra tres víctimas por un monto de $4,025, informó este miércoles la abogada y portavoz de la organización, Ivania Cruz.
La abogada, quien se encuentra asilada en España, explicó a la agencia EFE que presentarán el recurso cuando la sentencia quede firme. La condena fue dictada el martes por un juzgado salvadoreño, que declaró culpable a Zavala, quien anteriormente denunció presuntas torturas y abusos cometidos dentro del sistema penitenciario del país.
Zavala fue capturado en febrero de 2025 junto a otras 25 personas, acusado de agrupaciones ilícitas, amenazas, usurpación de inmueble, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización irregular de parcelaciones y limitación a la circulación. Sin embargo, el activista ya había enfrentado un proceso judicial en 2022 por estafa, que lo mantuvo encarcelado durante 13 meses, hasta que fue declarado inocente en marzo de 2023.
Durante su primera detención, Zavala aseguró que presenció abusos contra personas privadas de libertad, por lo que presentó denuncias ante las autoridades correspondientes. Tras recuperar su libertad, se incorporó a Unidehc, una organización que brinda asistencia jurídica a personas que denuncian capturas arbitrarias durante el régimen de excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2022.
Cruz sostuvo que, después de esas denuncias, la Fiscalía General de la República presentó «de manera secreta una acusación penal nueva por estafa» contra Zavala, relacionada con cinco casos diferentes. Según la abogada, el activista fue absuelto en cuatro de esos procesos y únicamente recibió una condena en el restante. «La Fiscalía presionó a Fidel para un proceso abreviado y que se declarara culpable, algo que él no consideró porque sigue luchando por su inocencia», denunció.
La representante de Unidehc considera que la sentencia responde a las denuncias que Zavala presentó contra las autoridades penitenciarias. A su juicio, la condena «es una manera de criminalizarlo y desacreditarlo (a Zavala) por lo que significa ser testigo y víctima del Estado en el marco del régimen de excepción».
Organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Cristosal, también calificaron la sentencia de «política» y advirtieron que su encarcelamiento «pone en grave riesgo su vida e integridad física, más aún bajo la custodia de las mismas autoridades a las que acusó de abusos y torturas».
Actualmente, Zavala permanece recluido en las celdas del Centro Judicial de San Salvador, aunque su defensa advirtió que podría ser trasladado al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Cruz expresó preocupación por esa posibilidad, al señalar que en ese recinto se encuentran «donde están los verdugos a los que él denunció», en referencia a las personas señaladas por el activista por presuntos abusos.
El 10 de marzo de 2025, un total de 171 organizaciones de más de 20 países solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger a Zavala. Después de la audiencia inicial celebrada el año pasado, el activista aseguró que enfrentaba una «persecución política» destinada a silenciar a quienes han «denunciado injusticias».
