Defensa de Saca y Charlaix piden admitir 28 testigos en juicio

La defensa del expresidente Elías Antonio Saca y Élmer Charlaix solicitaron, ayer, al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, que se admita a 28 testigos de descargo que el juez Cuarto de Instrucción de San Salvador denegó y una serie de prueba documental y pericial para contrarrestar los señalamientos de peculado y lavado de dinero que la Fiscalía General de la República les atribuye.El abogado Luis Peña, quien defiende al exsecretario de la Presidencia, Élmer Charlaix, dijo que en el auto de apertura a juicio se les excluyó dos bloques de testigos.En el primero se mencionan a 20 que recibieron pagos por servicios prestados a Casa Presidencial, entre ellos está el periodista y ahora diputado Raúl Beltrán Bonilla, dijo Peña.En el segundo bloque se incluye a ocho testigos, entre ellos al expresidente Alfredo Félix Cristiani; Francisco Merino en su calidad de exvicepresidente de la República; Aldo Parducci, exsecretario privado de la Presidencia, en el periodo de Francisco Flores; Ángel Benjamín Cestoni, exsecretario privado del expresidente Armando Calderón Sol y el exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Mauricio Sandoval.Peña dijo que en el primer bloque son testigos que provienen del Ministerio de Hacienda, Casa Presidencial y una institución bancaria."Lo que queremos probar es que la administración Saca no tuvo relación con personeros del Ministerio de Hacienda para poder inferir que era de esa forma que hacían cosas irregulares respecto al fondeo de las cuentas de Casa Presidencial” expresó Peña.El defensor sostiene que la administración Saca, específicamente Charlaix, nunca tuvo incidencia en representantes de un banco para inducirlos a irregularidades, ni tampoco incidió con personeros de Casa Presidencial para ordenarles actividades ilegales.En cuanto a los exfuncionarios de las administraciones presidenciales de Cristiani, Calderón Sol y Flores, buscan probar que, era un hábito y costumbre administrar los fondos en la forma que lo hizo la gestión Saca, entre los años 2004-2009.La Fiscalía General de la República le expuso al tribunal que los testigos y toda la documentación que los defensores pretenden que se admita, fueron denegados por el juez Cuarto de Instrucción, porque no lograron fundamentar las pretensiones y la pertinencia, razón por la cual pidieron que se les deniegue esa posibilidad y que se mantenga el auto de apertura a juicio tal y como el juez instructor lo determinó al finalizar la audiencia preliminar.