Defensoría devolvió $8.7 millones a usuarios en 2018

Hasta diciembre de 2018, la Defensoría del Consumidor logró que proveedores de productos y servicios devolvieran cerca de $8.7 millones cobrados indebidamente a sus usuarios, revelan estadísticas del Sistema de Atenciones de la institución.Según la Ley de Protección al Consumidor (LPC), la Defensoría está autorizada a imponer multas y compensaciones a todas las compañías que incurran en infracciones contra sus usuarios. Dependiendo de la gravedad, las multas pueden ser de hasta 5,000 salarios mínimos.El año pasado, la institución "rompió récord en varios indicadores, desde sus atenciones hasta los montos devueltos al consumidor, con casi $8.7 millones en reintegros”, aseguró a Diario El Mundo el presidente de la defensoría, Ricardo Salazar.Estadísticas del Portal de Transparencia de la institución, muestran que el Tribunal Sancionador de la Defensoría procesó 11,447 denuncias de usuarios el año pasado, de las cuales un 54.8 % derivó en devoluciones.En total, el tribunal dirimió 6,276 devoluciones en 2018, recuperando un monto total de $8,691,316 para los consumidores. Esta cifra representa un crecimiento del 230 % con respecto a 2017, cuando los usuarios recuperaron $3,779,358. El número de casos, sin embargo, se redujo un 9.8 %, al registrarse 6,958 devoluciones el año anterior.Según Salazar, estos resultados "responden al acercamiento en los servicios de la defensoría a través de canales disruptivos”, como el centro de llamadas 910, la aplicación para teléfonos, y la línea de Whatsapp, que canalizaron más del 50 % de los contactos con usuarios.El funcionario informó que la Defensoría realizó más de 6,800 inspecciones en diversas empresas el año pasado, de las cuales solo un 25 % registró algún tipo de incumplimiento.Las demandasEl titular de la Defensoría detalló que el 51.4 % de las devoluciones, más de $4.4 millones, fue recuperado en casos colectivos a favor de 1,318 consumidores, específicamente en los sectores de lotificaciones, por la falta de entrega de títulos de propiedad, y agua potable.Uno de los casos que ventiló la institución fue el de 60 familias residentes en la lotificación Santa Cruz Porrillo, en Tecoluca, San Vicente. En esa ocasión, la Defensoría exigió a la Sociedad Juan José y Ana Lourdes, S.A. de C.V., cumplir con el contrato de arrendamiento con promesa de venta y entregar todas las escrituras, debido a que los usuarios ya habían pagado el precio pactado.Se estima una recuperación por este caso fue de $110,454.64, equivalentes al valor total de los lotes pagados por las personas consumidoras; además, la defensoría demandó que esta empresa ejecutara un proyecto de agua potable domiciliar como medida de compensación.La resolución de estos casos ha llevado a que empresas lotificadoras, de electricidad, telefonía, financieras e incluso instituciones públicas, reintegren los montos vulnerados a consumidores y paguen además una multa: el Tribunal Sancionador emitió resoluciones en 255 casos por infracciones a la Ley de Protección al Consumidor.