Comprobar la existencia de una pandilla u organización ilícita es la principal prueba que tendrá la Fiscalía General de la República para lograr sustentar las imputaciones de agrupaciones ilícitas contra los detenidos en el régimen de excepción, según la explicación que dio el fiscal general, Rodolfo Delgado, al noticiero estatal, la noche del lunes.
"El elemento fundamental es que todas estas reformas nos van a permitir a nosotros poder atribuir el delito de agrupaciones ilícitas simplemente comprobando la existencia de la organización, en primer lugar, en segundo lugar, la organización, y en tercer lugar la membresía de una persona con estas organizaciones criminales, que esta organización se dedique a cometer delitos y esos son hechos evidentes para la población”, sostuvo Delgado en el noticiero de canal 10.
El 30 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó aumentar penas en el delito de agrupaciones ilícitas y colocó categorías a éstas. De tal forma que tendrá penas de 20 a 30 años aquel que se le compruebe la pertenencia a la pandilla, pero podrá tener 40 o 45 años de prisión, si se trata de un cabecilla o un financista de la mara.
En aquel entonces, el delito de agrupaciones ilícitas era castigado con prisión de 5 a 8 años cuando las agrupaciones son las mencionadas por la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal; si se trata de cabecillas, las penas oscilan entre 8 y 14 años de prisión.
Preparación.
El fiscal Delgado afirmó que actualmente se preparan para presentar las investigaciones finales y las pruebas, para lograr condenas.
"Está la mitad de la tarea realizada. Falta todavía presentar las evidencias adecuadas ante el órgano judicial para obtener las sentencias que nos garanticen de que estos delincuentes, van a permanecer muchos años en las diferentes prisiones, ese es el objetivo final”, aseguró Delgado.
Desde el año pasado, el Gobierno planteó que los detenidos en el régimen de excepción, supuestos pandilleros, serán juzgados por "clicas”, es decir, aquellas agrupaciones pandilleriles locales, y no por hechos cometidos individualmente.
A principios de este año, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que los condenados que pasarán a la megacárcel de San Vicente no volverán a salir en libertad. Según la Constitución salvadoreña, se prohíben las cadenas perpetuas, y los Códigos establecen un máximo de 60 años de prisión para una persona.
Villatoro afirmó que aún preparan el camino hacia esas reformas que permitirán las condenas grupales, pero que estas serán en dos fases, la primera, será por los 40,000 homicidios cometidos entre los años 2012 y 2022, y la segunda, por aquellos cometidos entre 2002 y 2012.
El dato
En diciembre del 2022 la Asamblea aprobó una reforma que permitió la extensión del plazo de la instrucción por un año en todos los procesos penales del régimen. El proceso penal en construcción hacia las condenas del régimen
1.- Aumento de penas.
En marzo de 2022, la Asamblea aumentó las penas de cárcel por agrupaciones ilícitas de de 5 a 8 años, a 20 y 30 años y hasta 40 o 45 años de cárcel si es cabecilla o financista.
2.- Juicio por clicas.
En agosto del año pasado, el ministro de Seguridad dijo que preparan una reforma para que los pandilleros sean enjuiciados y condenados por clicas y no de forma individual.
3.- No saldrán.
En febrero, el ministro de Seguridad afirmó que los pandilleros que vayan a la megacárcel no saldrán de ahí.
4.- 40,000 homicidios.
En marzo de este año, Villatoro afirmó que las acusaciones serán en dos fases, la primera será por 40,000 homicidios cometidos entre 2012 y 2022.