Denuncias de extorsión disminuyen 48 % por la pandemia

A raíz de la pandemia de covid-19, las denuncias por extorsión en El Salvador han disminuido en un 48 %. Entre enero y julio de 2020, la Fiscalía General de la República había recibido 799 casos, el año pasado durante el mismo período hubo 1,560.La marcada baja se comenzó a experimentar a mediados de marzo cuando el Gobierno comenzó a implementar la cuarentena obligatoria a nivel nacional y luego desde mayo la suspensión de transporte colectivo.No es que no se estén dando casos de extorsión, sino que las personas en un primer momento no podían salir para interponer denuncias por las restricciones impuestas y luego se encontraron con el problema del transporte.Un claro ejemplo de que la pandemia ha contribuido a la disminución de las denuncias se pudo ver cuando se habilitó la primera fase de la reapertura económica, ya que de una y dos denuncias a la semana se pasó a tener siete, según Alfredo Quijano, jefe de Unidad Especializada Antiextorsiones de la Fiscalía."Hemos tenido una reducción en cuanto a las denuncias por el delito de extorsión y hay que ser como bien claros en el sentido de que prácticamente esta disminución es más o menos a partir de mediados de marzo de este año y esto es lógicamente dado por la pandemia que todavía vivimos”, explicó Quijano.El jefe fiscal dijo que en el tiempo que estuvo vigente la cuarentena muy pocas personas salían a interponer denuncias, a la semana recibían entre uno o dos casos, hasta que las diversas actividades se vayan reactivando cree que se volverá a la normalidad. Tipos de extorsiónEn los casos que se denuncian, el 65 % corresponde a extorsiones periódicas, es decir, aquellas en las cuales las víctimas pasan pagando determinadas cuotas durante semanas, meses y a veces hasta años. El otro 35% son extorsiones únicas donde les exigen un solo pago y después no vuelven a contactarles.El fiscal Alfredo Quijano mencionó que el delito de extorsión se registra más en las regiones urbanas ya que es donde se concentra la actividad productiva y en la zona rural son pocos los casos. Los extorsionistas imponen la denominada renta a los comerciantes, entre ellos los propietarios de negocios, pero al mismo tiempo le exigen a los proveedores."El rubro de la extorsión es bastante variable, el comercio obviamente se ve bastante afectado al igual que el sector transporte, prácticamente el inconveniente que nosotros tenemos es que de parte del sector transporte es poca la denuncia que se obtiene de parte de los empresarios”, sostuvo el fiscal.El representante del Ministerio Público dijo que les llama la atención que de repente se anuncia un paro de transporte en determinadas jurisdicciones, pero en sede fiscal no se interponen las denuncias; pese a eso, en ocasiones deciden abrir de oficio algunas investigaciones. El 95 % de condenasEn los tribunales, el delito de extorsión es el que tiene el mayor porcentaje de condenas, ya que las técnicas especializadas de investigación hacen que las pruebas anexadas a los procesos sean irrefutables para la defensa de los imputados.Las entregas contraladas y las escuchas telefónicas son dos herramientas claves que llevan a identificar a los extorsionistas y capturarlos incluso de forma infraganti. La Unidad Especializada Antiextorsiones de la Fiscalía reporta el 95 % de condenas de casos.Las penas que los tribunales han impuesto por el delito de extorsión van desde los cinco hasta los 20 años, que es la pena máxima. Hay imputados que han recibido hasta 40 y 60 años por ese ilícito, pero debido a que fueron condenados por varios casos.En cuanto a la persecución del delito, al principio estaba regulado en el artículo 214 Código Penal, pero, desde el 2015 cuando se creó la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, se modificó el ilícito y ya no se toma en cuenta la tentativa sino que se estipuló que la extorsión es consumada desde el momento que se hace la exigencia o la coacción a la víctima, lo cual ha generado una mayor efectividad."Los delitos de extorsión son los que tienen los más altos porcentajes en condenas y con eso se le genera la confianza a las víctimas para que puedan interponer las denuncias”, manifestó Quijano.Entre enero y julio, la Fiscalía reportó a nivel nacional 380 personas condenadas. La situación de la pandemia ha afectado la realización de audiencias preliminares y vistas públicas, muchos tribunales suspendieron las audiencias y eso ha evitado que muchos casos avancen y se haya obtenido mayor cantidad de condenas, según el informe fiscal.Varios tribunales han notificado a la Fiscalía que no pueden instalar audiencias ya que no tienen la capacidad para cumplir las medidas sanitarias para evitar contagios pues hay casos en los que hay muchos imputados y no se puede garantizar el distanciamiento social como principal medida.