El próximo presidente de Brasil, que será elegido este domingo en una segunda vuelta entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro, deberá enfrentar una situación económica marcada por el crecimiento de la deuda pública, un elevado déficit fiscal y la necesidad de impulsar reformas que permitan mejorar las finanzas del país.
Uno de los principales desafíos será contener el endeudamiento estatal, que alcanza el 82.9 % del producto interno bruto (PIB), mientras que el déficit fiscal se sitúa en el 9.48 %. Ambos indicadores mantienen una tendencia ascendente y representan una amenaza para las cuentas públicas. Aunque los candidatos prometen disciplina fiscal a partir de 2027, sus propuestas presentan diferencias importantes y ninguno detalló completamente cómo ejecutará sus planes.
Lula apuesta por incrementar la inversión pública para estimular el crecimiento económico y elevar la recaudación tributaria, con el propósito de sostener los programas sociales. Bolsonaro, por su parte, plantea reducir el gasto estatal en unos $40,000 millones, equivalentes al 3 % del presupuesto de 2026, mediante un ajuste que, según promete, no afectará los beneficios sociales. Su propuesta también incluye eliminar al menos diez ministerios y reducir el tamaño de la administración pública.
Otro problema para el próximo Gobierno serán las elevadas tasas de interés, que actualmente se encuentran en el 13.75 %. Este nivel encarece el financiamiento, limita la inversión y aumenta las dificultades de las familias para pagar sus deudas. Aunque el Banco Central redujo ligeramente los tipos de interés, la inflación interanual del 4.58 % y los altos precios de los combustibles han impedido una flexibilización monetaria más rápida.
Reforma tributaria y relaciones comerciales con Estados Unidos
Brasil también deberá implementar en 2027 un nuevo impuesto indirecto destinado a simplificar el sistema tributario y fortalecer la recaudación.
Según estimaciones preliminares del Gobierno de Lula, el impuesto al valor agregado (IVA) podría alcanzar el 28 %, aunque todavía no existe una tasa oficial. Bolsonaro propone revisar la reforma tributaria aprobada el año pasado, establecer un IVA menor y eliminar centenares de tasas y regulaciones que, según sostiene, «asfixian» a los emprendedores.
La relación comercial con Estados Unidos será otro asunto prioritario. Brasil mantiene negociaciones con Washington para revertir los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, que afectan el intercambio con su segundo socio comercial.
Bolsonaro considera que su cercanía política con el mandatario estadounidense facilitaría un acuerdo, mientras Lula cuestiona esa posición y advierte que su adversario sería «entreguista».
A este escenario se suma la aplicación, en diciembre, de una reforma laboral aprobada por el Congreso que reducirá la jornada semanal de 44 a 40 horas, una medida que genera preocupación empresarial por sus posibles efectos sobre el empleo y los precios.
Minería, petróleo y empresas estatales
La explotación de minerales críticos y el desarrollo petrolero también figuran entre las prioridades económicas. Brasil posee la segunda mayor reserva mundial de minerales críticos, aunque su industria todavía se encuentra en una etapa inicial. Ambos aspirantes buscan fortalecer la producción nacional, pero Bolsonaro propone acelerar las inversiones mediante acuerdos con compañías extranjeras, mientras Lula defiende un mayor control brasileño sobre estos recursos.
En el sector petrolero, el opositor plantea permitir la fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos no convencionales, mientras el mandatario busca que Petrobras vuelva a contar con una red de gasolineras para intervenir en los precios.
El futuro de las empresas estatales será otra decisión relevante para el próximo Gobierno, especialmente ante las dificultades financieras de algunas instituciones, como Correos, que se encuentra al borde de la quiebra. Lula propone conservar estas compañías bajo propiedad pública y recuperar su estabilidad económica, mientras Bolsonaro plantea privatizar o cerrar aquellas que considere no esenciales. Sin embargo, el opositor asegura que la petrolera Petrobras y el banco Caixa permanecerán en manos del Estado.
