Los diputados alemanes Gökay Akbulut y Max Lucks, miembros del Parlamento Federal, solicitaron este martes la liberación de la activista salvadoreña Ruth López, así como de otras personas que —según denunciaron— han sido detenidas injustamente bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022.

Ambos parlamentarios llegaron hasta el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas La Occidental, ubicado en el departamento de Santa Ana, más de 50 kilómetros al occidente de San Salvador, donde expresaron su preocupación por lo que consideran un deterioro del Estado de derecho.

“Vemos con lástima el desarrollo autoritario en El Salvador. Para nosotros es muy importante que la democracia funcione en el país, así como el respeto al Estado de derecho y el fin del régimen de excepción”, declaró Akbulut a medios de comunicación.

El régimen ha permitido la detención de más de 90,000 personas, la mayoría acusadas de pertenecer a pandillas, tras una ola de violencia que dejó más de 80 muertos en marzo de 2022. El gobierno del presidente Nayib Bukele defiende la medida como clave en su política de seguridad y cuenta con el respaldo de la Asamblea Legislativa, controlada por su partido, Nuevas Ideas.

El diputado Max Lucks calificó a Ruth López como una “presa política” y denunció las condiciones en las que permanece detenida desde mayo de 2023, tras ser acusada inicialmente por peculado durante su trabajo como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el mandato del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

Posteriormente, la Fiscalía reformuló el delito a enriquecimiento ilícito. No obstante, Lucks afirmó que López permanece incomunicada y sin acceso adecuado a su defensa, lo cual —dijo— contradice los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

“Ruth representa valentía y esperanza, y simboliza a muchas personas perseguidas injustamente. Querida Ruth, no estás sola, estamos a tu lado”, afirmó el legislador alemán.

Los diputados también sostuvieron encuentros con el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), una organización que acompaña a familias de personas detenidas bajo la medida excepcional. Además, se reunirán con otras entidades defensoras de derechos humanos para documentar abusos y elevar sus denuncias a instancias internacionales.

“Las familias viven una situación muy difícil. Les deseamos fortaleza para que continúen en esta resistencia”, expresó Akbulut, quien reiteró que nadie debería estar preso por pensar distinto o ejercer oposición política.