El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, llegó al Centro Judicial Isidro Menéndez a ser notificado del delito de incumplimiento de deberes en el juzgado Quinto de Paz. Un equipo de defensores y de comunicadores de la secretaría de prensa de la Presidencia, lo acompañaron. / Óscar Machón.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador
notificó al director de la Policía Nacional Civil y ex viceministro de Seguridad Pública, Mauricio Arriaza Chicas, del delito de incumplimiento de deberes que la Fiscalía General de la República le atribuye, tras resistirse a llevar por apremio, al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para explicar ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa sobre el endeudamiento del gobierno.También el juez informó este jueves por la tarde, al comisionado Arriaza Chicas y a su equipo de abogados, que la audiencia inicial en su caso se realizará el próximo
martes 22 de diciembre a las 10:00 de la mañana.Luego de la notificación, el director de la PNC habló con los periodistas y entre otras expresiones afirmó que
"él no cumplirá órdenes ilegales que no vayan revestidas de las formalidades legales y que no cumplan con el debido proceso”, en alusión a la orden que le dio la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa de llevar por la fuerza al ministro de Hacienda. Agregó que cuando él dice "órdenes ilegales”, se refiere a " los actos administrativos de esas comisiones especiales de la Asamblea Legislativa que carecieron de fundamentos legales; no se puede trastocar el fuero constitucional de otros funcionarios sino es mediante el debido proceso y lo único que yo he hecho es trabajar por el pueblo y lo voy hacer hasta el último segundo que el señor Presidente de la República me confíe el cargo de director de la Policía Nacional Civil que a toda honra he desarrollado mi trabajo", sostuvo.El delito de incumplimiento de deberes es sancionado con pena de
prisión de cuatro a seis años, de ser hallado culpable,
e inhabilitación de su cargo por el mismo periodo de la pena a purgar, en tanto en el comienzo del proceso judicial, Fiscalía ha pedido instrucción con medidas sustitutivas a la detención.
El director Arriaza tiene un equipo de seis abogados defensores. / Óscar Machón.
La defensa de Arriaza
Por su parte, Rodolfo Delgado, uno de los abogados que lo defiende afirmó que los hechos que están expuestos en el requerimiento fiscal son los mismos que contenía la petición de antejuicio y solicitud de desafuero que presentó el Fiscal General de la República ante la Asamblea Legislativa. Sobre la legalidad de no llevar por apremio al ministro Alejandro Zelaya, el abogado Delgado contestó que "no era legal la orden que le dieron al director de la PNC para que fuera por el ministro de Hacienda y no se configura el delito de incumplimiento de deberes, porque el director sí cumplió con su deber, cumplió con todo lo que le manda a hacer la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil”.Delgado no quiso contestar lo que manda el artículo 132 de la Constitución "que todos los funcionarios y empleados públicos a colaborar con las Comisiones conformadas por el Congreso”.
"No voy a contestar ese argumento, no les voy a contestar sobre ese punto”, respondió el defensor.Finalmente, el defensor afirmó que tienen varias opciones de peticiones al juez el día de la audiencia, pero si el caso pasa a instrucción van a seguir con el proceso correspondiente. "Estamos ante un juez objetivo e imparcial, un juez totalmente distinto a lo que a lo que sufrió el comisionado Arriaza en la Asamblea Legislativa y se espera que se cumpla con todas las garantías legales.
¿Qué ocurrió?
Los hechos que se le incriminan al director de la Policía se originan el 30 de septiembre cuando la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que estudia el endeudamiento del gobierno y citó por cuarta ocasión al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya y este incumplió el llamado.Al no llegar, la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa le ordenó al director de la Policía que llevara al funcionario por apremio,
mandato que incumplió.Arriaza Chicas justificó en un oficio dirigido a la Comisión Especial, aduciendo que el ministro Zelaya tenía otras actividades, por lo que era imposible que asistiera al quinto llamado de la Asamblea.
El artículo 132 de la Constitución de la República obliga a todos los funcionarios y empleados públicos a colaborar con las Comisiones conformadas por la Asamblea y rendir declaraciones en el seno de las mismas. Pero el director Arriaza Chicas afirmó ayer que él es "una persona que ha trabajo por este pueblo y no de espaldas como otros lo hacen sino de cara y de frente al servicio de la población salvadoreña”.