El Gobierno de Estados Unidos informó este miércoles que pondrá fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 350.000 haitianos a partir del 3 de febrero de 2026, pese a reconocer que Haití continúa inmerso en una grave crisis de violencia e inestabilidad.

La decisión fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal, luego de que la secretaria Kristi Noem concluyera que “Haití ya no cumple con los requerimientos estatutarios para el TPS”.

Según el DHS, el análisis realizado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y otras agencias del gobierno indica que mantener la protección temporal “es inconsistente con el interés nacional de Estados Unidos”.

La instrucción recomienda a los beneficiarios haitianos del TPS que “se preparen para salir” del país si no cuentan con otra base legal para permanecer, e incluso se les sugiere utilizar la aplicación “CBP Home” para solicitar su “autodeportación” voluntaria, a cambio de un bono de 1.000 dólares.

Esta medida representa un nuevo intento del presidente Donald Trump por eliminar el TPS para ciudadanos de países como Haití y Venezuela, tras haber sido bloqueado por una orden judicial federal en septiembre.

La Casa Blanca sostiene que las condiciones en Haití han mejorado, pese a que en junio de este año el propio gobierno impuso una prohibición total de viajes desde ese país, citando la falta de una autoridad central funcional, amenazas a la seguridad y caos institucional.

El Departamento de Estado, por su parte, mantiene vigente una alerta que recomienda “no viajar a Haití bajo ninguna circunstancia”, citando riesgos de secuestros, crimen organizado, violencia generalizada, disturbios civiles y un sistema de salud colapsado.

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, Haití se encuentra sin liderazgo electo y sumido en una espiral de violencia. Según datos de la ONU, entre enero y septiembre de 2025 se registraron más de 4.300 homicidios y 1,4 millones de personas han sido desplazadas por la violencia de las pandillas.

Frente al anuncio, la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, representante de Florida —estado con la mayor comunidad haitiana en EE.UU.—, criticó la medida:

“Haití está en crisis: violencia de las pandillas, extrema pobreza, inestabilidad. Es impensable mandar a haitianos beneficiarios del TPS a un peligro tan claro”, escribió en la red social X.