EEUU sanciona a la procuradora general de Nicaragua "por ser cómplice de la opresión"

Estados Unidos impuso sanciones económicas este jueves a la procuradora general de Nicaragua "por ser cómplice de la opresión" del mandatario Daniel Ortega al confiscar las propiedades de los opositores y decidir a quién se las otorga. Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo gobiernan con "un grupo muy unido de figuras fiables en la policía, el ejército y el parlamento" y la procuradora general Wendy Carolina Morales Urbina es "un actor clave", afirma el Departamento del Tesoro en un comunicado. "La Procuradora General de Nicaragua, en sintonía con el régimen Ortega-Murillo, ha abusado de su cargo para facilitar una campaña coordinada con el fin de reprimir a la disidencia confiscando propiedades de opositores políticos del gobierno sin base legal", afirma Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, citado en un comunicado. Las sanciones contra Morales Urbina, designada para el puesto en mayo de 2019 por Ortega, corren a cargo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente de este departamento. Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho por la comunidad internacional. Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales siguen en la cárcel o se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad. Entre estos últimos figuran 222 expulsados a Estados Unidos en febrero de 2023, a quienes Managua confiscó sus propiedades. Ortega confirió a la procuradora general "un gran poder" para "determinar quién recibe las propiedades", afirma el Tesoro. En varias ocasiones ella "presentó escrituras a nuevos propietarios y declaró que las propiedades ahora estaban destinadas a uso público", además de haberse "apoderado de propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales en virtud de una ley explícita para suprimir la libertad de asociación", acusa en el comunicado.

"Responsable o cómplice"

El gobierno del presidente demócrata Joe Biden también la culpa del "despojo de todas las propiedades de los 222 presos políticos" desterrados y de ser una figura "clave" en la estrategia para designar a los miembros de la oposición "como terroristas y bloquear sus recursos financieros". Washington la sanciona por ser "responsable o cómplice" de transacciones involucradas en "prácticas engañosas o corrupción" en nombre del gobierno, y por haber participado en ellas o haberlo intentado de forma directa o indirecta. Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de la sancionada que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados. La procuradora general es "una de las voces" del gobierno en los foros internacionales, en los que defiende "la retórica" del Ejecutivo, que consiste en afirmar que los grupos defensores de los derechos humanos "supuestamente quieren desestabilizar a Nicaragua", añade el Tesoro. El gobierno de Biden ya ha sancionado a más de 1.000 funcionarios nicaragüenses y al sector del oro. La relación entre los dos países se ha tensado especialmente desde las elecciones nicaragüenses de 2021, que se celebraron con los rivales del mandatario presos o en el exilio. Desde entonces Managua ha llevado a cabo una ofensiva contra miles de oenegés y el mundo académico, además de intensificar la persecución de la Iglesia católica. La situación en el país latinoamericano preocupa al Congreso. A finales de febrero varios congresistas republicanos y demócratas llamaron al jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken a "movilizar una respuesta internacional" diplomática para poner fin a la represión.