EEUU sanciona a tres altos funcionarios sandinistas por violaciones a derechos humanos
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a tres nicaragüenses por graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
El Departamento estadounidense del Tesoro anunció este jueves la adopción de sanciones contra tres ciudadanos nicaragüenses, incluyendo al Subdirector de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz, por "abusos a los derechos humanos y corrupción”.
También fueron sancionados el dirigente Fidel Moreno, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y José López Centeno, titular de la empresa de petróleos de Nicaragua Petronic.
Por las sanciones, eventuales activos que los tres posean en Estados Unidos resultan congelados.
De acuerdo con el Tesoro estadounidense, Díaz "es considerado como el líder de hecho y ha conducido diariamente” a la policía nacional de Nicaragua.
En ese cargo, "se implicó en serios abusos a los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua, incluyendo asesinatos extrajudiciales”.
En tanto, Moreno es apuntado por el Tesoro como "líder de la juventud del FSLN”, y también ha estado "personalmente implicado” en violaciones a los derechos humanos.
López Centeno, por su parte, es vicepresidente de "Albanisa, una empresa que importa y vende productos petroleros de Venezuela”.
El Tesoro apuntó que la gigante petrolera venezolana PDVSA es dueña de 51% de Albanisa.
Los tres funcionarios nicaragüenses fueron sancionados por fuerza de la llamada "ley Magnitsky”, aprobada por el Congreso estadounidense para sancionar funcionarios rusos por la muerte de Sergei Magnitsky en 2009.
Esa ley, sin embargo, pasó a ser utilizada por el gobierno para sancionar funcionarios extranjeros cuando considera que ha habido abusos o violaciones a los derechos humanos.
En una nota oficial, el departamento del Tesoro aseguró que Washington se propone imponer consecuencias "tangibles y significativas” a quienes "cometan serios abusos a los derechos humanos o se impliquen en corrupción”.
Estas sanciones fueron decididas en el marco de las protestas antigubernamentales que sacuden a Nicaragua desde mediados de abril. Más de 220 personas han muerto en los enfrentamientos desde entonces, según organismos de derechos humanos.