La Fiscalía de Raúl Melara registró fotografías donde se ve a Luna custodiando encapuchados, donde supuestamente se iban a reunir con los líderes de las tres pandillas incluído Elvis Enrique Mejía "Sayco”. /Archivo DEM.
El gobierno de los Estados Unidos anunció este miércoles sanciones en contra del director General de Centros Penales, Osiris Luna Meza, a su madre, Alma Yanira Meza, y al director de Tejido Social, Carlos Marroquín, por pactar con líderes de pandillas y actos de corrupción.Según informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos,
se designó a Osiris Luna Meza, Carlos Amílcar Marroquín Chica y Alma Yanira Meza Olivares bajo la Ley Global Magnitsky sobre la Responsabilidad de Derechos Humanos. Así, el Departamento del Tesoro enlista a Osiris Luna y a Carlos Marroquín como funcionarios ligados al crimen organizado bajo la Ley Magnitsky. Con esta acción,
los señalados no podrán hacer negocios en Estados Unidos, y en el caso de tener cuentas y bienes allá, les serán confiscados.Esta decisión se basa en
una investigación hecha por el gobierno estadounidense en contra los funcionarios salvadoreños y líderes de pandillas encarcelados, como la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), la cual, según el documento,
revela negociaciones encubiertas entre funcionarios del gobierno y la organización criminal. Esta investigación indica que en 2020,
"el presidente Nayib Bukele otorgó incentivos financieros a las pandillas MS-13 y del Barrio 18 para asegurarse de que los índices de la violencia de pandillas y el número de homicidios confirmados se mantuviera bajo". Beneficios y dinero a pandillas.
Esto se logró durante estas negociaciones con Luna y Marroquín, en las que
los líderes de pandillas también aceptaron otorgar apoyo político al partido político Nuevas Ideas en las elecciones del 28 de febrero de 2021. Además de las asignaciones financieras en 2020, según el gobierno estadounidense,
"las pandillas también recibieron privilegios para sus líderes encarcelados en prisiones salvadoreñas, como teléfonos móviles y prostitutas".Durante la pandemia de covid-19, agregan,
Luna también negoció un acuerdo con líderes de la MS-13 y el Barrio 18 para que apoyaran la cuarentena nacional de Bukele en los lugares controlados por las pandillas. Miles de salvadoreños fueron internados en centros de contención durante la cuarentena de covid-19.Esquema de corrupción.
Según denuncia el gobierno estadounidense, Luna también participó en un esquema para robar y revender productos básicos destinados al Programa de Bienestar Social (PES). Estos fueron transferidos a compañías privadas y luego revendidos en el mercado privado, o de vuelta al Gobierno.La madre de Luna, Alma Yanira Meza Olivares,
actuó como negociadora en algunas de estas transacciones, según el Departamento del Tesoro.Ambos desarrollaron además un esquema para malversar millones de dólares del sistema penitenciario salvadoreño; así como la
creación de plazas fantasma para cobrar salarios adicionales.Los funcionarios salvadoreños son designados bajo la orden ejecutiva 13818 por ser personas extranjeras responsables o cómplices de corrupción, incluyendo la apropiación indebida de fondos públicos.
En tanto, la madre de Meza es señalada de haber asistido a Luna de forma material, financiera y tecnológica en sus actos.Caso Catedral.
La investigación de este caso, denominada "Catedral", fue iniciada por la Fiscalía de Raúl Melara -destituido por la Asamblea oficialista-
, la cual documentó que existirían acuerdos entre el gobierno de Bukele con la MS-13 y las dos facciones del barrio 18.El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constituciónal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y al fiscal general, Raúl Melara.
Esto permitió que Catedral quedara en vilo: el nuevo fiscal, Rodolfo Delgado, desmanteló el Grupo Especial Antimafia (GEA), la unidad que había conseguido los hallazgos que implicaban al gobierno de Bukele.El pasado 24 de agosto, el presidente de la República,
Nayib Bukele, desestimó una investigación del periódico digital El Faro, que reveló la implicación de funcionarios del Gobierno y diputados de la Asamblea Legislativa en una supuesta negociación con las tres principales pandillas en El Salvador.