El 57 % cree que Sánchez Cerén estaba involucrado en corrupción

Un total de 45 por cada 100 salvadoreños creen que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses, según el Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe 2019 divulgado hoy por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde). En 2017, este porcentaje era 57 %.La valoración de los ciudadanos corresponde a la gestión gubernamental anterior, ya que el estudio fue realizado entre enero y marzo de 2019. Asimismo, 57 de cada 100 salvadoreños cree que como presidente Salvador Sánchez Cerén estaba involucrado en corrupción, un aumento de 14 puntos porcentuales respecto a 2017, donde solo el 43 % lo creía.La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), capítulo El Salvador de Transparencia Internacional, manifestó que su ausencia y omisión en investigar a sus funcionarios contribuyeron a esta percepción.El 93 % de los entrevistados cree que la corrupción gubernamental representa un problema grave, pero la mayoría, 64 %, cree que la actuación del Gobierno es mala para luchar contra la corrupción.Regionalmente, una de cada cinco personas en América Latina sufre de extorsión sexual al intentar acceder a un servicio público, como atención médica o educación, o bien conoce a alguien que ha pasado por esta situación.En El Salvador, el 15 % de los entrevistados experimentaron o conocen a alguien que pasó por una extorsión sexual, es decir, cuando un funcionario promete un beneficio gubernamental a cambio de un servicio más rápido, aprobación de documentos, un trabajo o promoción o evitar una multa o encarcelamiento. Más de una de cada cinco personas que acceden a servicios públicos se ven obligadas a pagar un soborno.En El Salvador, un 47 % cree que los empleados públicos están involucrados con la corrupción, esta percepción era 32 % en 2017; un 43 % lo cree de las alcaldías; y 43 % de los jueces y magistrados del Órgano Judicial.La tasa del soborno, indica el estudio, se redujo 17 puntos porcentuales a 14 %. En la Policía fue del 24 %, en las escuelas públicas de 13 % y en la instalación de servicios públicos del 9 %.