El 95 % de la comunidad LGBTI asegura no conocer políticas públicas que les favorezcan

El 95 % de las personas LGBTI+ en El Salvador aseguró no conocer ningún programa ni política pública que le favorezca a dicho colectivo, así lo reveló una investigación sobre los medios de vida de las personas LGBTI+ realizada por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA)."Nosotras contrastamos esta información con las solicitudes de información que hicimos a las instituciones de gobierno, de las cuales 5 tenían relación con políticas y programas pero solo 3 reportaron tener programas que incluyen a personas LGBTI+, una declaró inexistente la información y otra no contestó’’, explicó Ivonne Argueta, investigadora de ORMUSA.Argueta aclaró que de esas tres instituciones solo el Ministerio de Salud (MINSAL) tiene un programa dirigido específicamente a la comunidad, mientras que el Ministerio de Trabajo lo confirmó, pero estos planes están en revisión.Por su parte, el Ministerio de Educación aseveró contar con planes de formación docente inclusiva, sin embargo, la investigadora lo cuestionó: "hasta allá al final del documento dice que también es para los LGBTI+, eso no es realmente un programa para esta población’’.

Lo que sí proporciona el Ministerio de Trabajo y el MINSAL son instrumentos técnicos orientados a la atención especializada, es decir protocolos y guías para los servicios que prestan a dicho colectivo.

La investigación de ORMUSA se nutre de una encuesta nacional en línea, tomando como muestra a 447 personas que rondan los 16 a 59 años, tiene como objetivo conocer los medios de vida con los que cuenta la población LGBTI+ y descubrir a detalle los tipos de discriminación que sufren.

La comunidad no percibe seguridad

Adicionalmente, los resultados de la indagación arrojaron que el 69 % de los encuestados señaló que tienen poca o ninguna confianza en instituciones de Gobierno:

"Son la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Justicia las instituciones que más desconfianza generan en la población LGBTI+,pues están asociadas a las políticas de represión y de seguridad aunque la población no las percibe tanto como de seguridad’’, expuso Argueta.

De los participantes, el 52 % manifestó tener mucha o alguna confianza en el Ministerio de Educación, mientras que el 59 % dijo que tenía alguna o mucha confianza en el Ministerio de Salud.

En ese sentido, de un 85 % de personas que han padecido de alguna enfermedad, lesión o síntoma sólo el 25.6 % acudió al Ministerio de Salud o a Fosalud.

Discriminación

El 73.2 % de las personas revelaron que han sido discriminadas por su orientación sexual o identidad de género, la investigadora explicó que su propio entorno es quien más los discrimina, es decir, su familia o vecindario.

Los tipo de afectaciones por discriminación que mencionó Argueta son:

1. Emocional con 45.3 % y son aquellas que generan miedo, pensamientos suicidas, depresión o bajo autoestima.
2. Física con un 24 % éstas causan problemas de salud o causa un riesgo en la vida de las personas
3. Social es un 7 % causó pérdida o deterioro de las relaciones familiares o a significado la violación de algún derecho
4. Pérdidas de oportunidades de crecimiento y desarrollo es un 21%, entre éstas está una negación de empleo, no hay oportunidades de becas, pasantías remuneradas y capital semilla.

A modo de conclusión, representantes de ORMUSA señalaron que el país debe superar desafíos importantes al no contar con información estadística oficial que visibilice la existencia del colectivo LGBTI+ a nivel nacional, como consecuencia la casi nula existencia de programas y políticas públicas dirigidas a esta población, lo que también provoca desconfianza en las instituciones públicas.

De modo contrario, el Órgano Legislativo desde el 14 de mayo del presente año archivó la Ley de Identidad de Género que las organizaciones sociales que apoyan a la comunidad venían trabajando desde el 2018.

Y que el 20 de agosto de 2021 se propuso reiniciar la discusión sobre esa ley con nuevas modificaciones de lenguaje y conceptos jurídicos, hasta el momento no se ha retomado el tema dentro de la Asamblea Legislativa.