El Gobierno sale en defensa del director de la PNC ante solicitud de desafuero

Parte del gabinete de seguridad, acompañados del secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, salieron en defensa del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, luego que ayer, la Fiscalía General de la República solicitara su desafuero, por el cargo de viceministro de Seguridad Pública, recién nombrado. Rivas afirmó que Arriaza tiene "todo el respaldo" del gabinete de seguridad y destacó que él ha sido el encargado del plan Control Territorial, cuyo principal resultado destacado por el Gobierno es la reducción del 50 % de los homicidios. Mañana se prevé que la solicitud de antejuicio presentada por la Fiscalía General de la República ingrese y sea incluida en la agenda por los diputados.El 30 de septiembre, la comisión especial que investiga la colocación de títulos y préstamos del Estado salvadoreño aprobó para que el ministro de Hacienda fuera llevado por apremio a la Asamblea legislativa, luego de no asistir al llamado de los diputados, por tercera vez.La instrucción fue girada al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, para que llevara al ministro, sin embargo, el titular de la corporación no lo hizo y el 2 de octubre, Arriaza argumentó que el ministro debía presentar el proyecto de la ley de presupuesto para el 2021, al Consejo de Ministros.Ese mismo día los diputados acordaron certificar a la Fiscalía de la comisión de delitos de incumplimiento de deberes del comisionado Arriaza Chicas, al no trasladar al ministro de Hacienda por apremio.Este miércoles 11 de noviembre, también el ministro de la Defensa endosó su respaldo a Arriaza: "Hablar del plan control territorial es hablar del viceministro Arriaza Chicas. Los verdaderos gestores de este plan son los miembros de la Policía Nacional Civil que están bajo el mando del comisionado Arriaza Chicas", sostuvo en la conferencia de prensa.

¿Por qué dicen los diputados que hay delito?

El artículo 321 del Código Penal dice que "el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.Doce días más tarde de la certificación, el presidente de la República, Nayib Bukele, elevó al cargo de viceministro de Seguridad Pública, al comisionado Arriaza y fue interpretada como una estrategia del mandatarios para beneficiarlo con el fuero constitucional.Por otro lado, el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Policía dicta que el cargo de director general es incompatible con el desempeño de otro cargo público y con el ejercicio de su profesión excepto las actividades de carácter docente y cultural.