El gran retraso del Diario Oficial

El pasado miércoles 8 de mayo llegué a las instalaciones de la Imprenta Nacional, al costado sur del Parque Bolívar, en busca de un ejemplar del Diario Oficial correspondiente al mes de abril recién pasado, donde se publicaría el aviso con el cual cerraría diligencias de una aceptación de herencia intestada, que iniciara desde antes. Mi sorpresa fue que al nomás entrar a la sección de venta de ese diario del Estado Salvadoreño, un cartel anunciaba que la última edición existente correspondía al 7 de marzo, o sea, un retardo de casi dos meses y medio.Como profesional del Derecho me sobresaltó el retraso en editar dicho Diario, cuyas publicaciones son ordenadas constitucional y obligatoriamente para que adquieran fuerza legal, o vigencia jurídica, todo lo referente a leyes, acuerdos, decretos, edictos notariales y judiciales, carteles, etcétera. Incluso, el mismo Presupuesto General de la Nación, solo puede ejecutarse y cumplirse hasta pasado cierto tiempo de su publicación en el Diario Oficial. Agrego estos comentarios para que la gente que no conoce aspectos legales, vea la trascendencia e importancia de esta publicación en el ámbito jurídico.El descuido en atender debidamente tanto a la Imprenta Nacional, como al Diario Oficial, no es nada nuevo. Ambas dependencias están adscritas al Ministerio de Gobernación (antes Ministerio del Interior), cuyos titulares muchas veces solo sabían sostener reuniones amigables, con los gobernadores departamentales y alcaldes municipales, que generalmente pertenecían a la misma línea partidista del mandatario de turno, pero que jamás fijaron su interés o preocupación en mejorar lo que constituye, desde una óptica legal, la principal publicación a nivel nacional, ya que nada legal entra en vigor hasta que es publicada en el llamado "Diario Oficial”, que en lenguaje sencillo, significa que se publica diaria y oportunamente. Incluso, pasaron varios años, para que los encargados del tiraje e impresión tuvieran la adquisición de modernas maquinarias "offset”, que el periodismo privado tenía en uso desde hacía mucho tiempo, incluyendo el uso de los sistemas cibernéticos que tuvimos que aprender, cuando aún laborábamos en las redacciones de los principales medios de nuestro país, en cursos intensivos impartidos por técnicos estadounidenses. Pero la "gaceta oficial”, como se conoció al Diario Oficial en el siglo XIX, siguió utilizando linotipos obsoletos y sistemas de impresión rudimentarios para la época moderna. Si vemos bien las cosas, el atraso no recae en quienes trabajan en el Diario Oficial. Puedo dar fe que tiene un personal muy amable y accesible, siempre atento con los muchísimos visitantes que llegamos en busca de que nos publiquen edictos, avisos, convocatorias, etcétera. A eso añadamos, la enorme cantidad de decretos legislativos, acuerdos de la Presidencia del país y ministerios, autorización de diversos profesionales, edictos judiciales, en fin, un trabajo abrumador que cubre incluso títulos municipales de inmuebles en todo el país, formación de empresas, distintivos comerciales, marcas, etc.Por la importancia y volumen de publicaciones, el Diario Oficial necesita, en primer lugar, que su personal trabaje en condiciones mucho más amplias, ventiladas y saludables. Omito referirme a salarios, porque esas son cuestiones que atañen a otras instancias. El actual edificio de la Imprenta Nacional urge de remodelaciones y ampliaciones, o quizás, un nuevo edificio, con un espacioso aparcamiento para los numerosos clientes que llegamos, el cual aún no existe. Y, por supuesto, mejorar aún más los actuales sistemas de impresión, utilizando modernas técnicas para que el actual retardo sea una página negra que se cierre para siempre. Hacemos estas observaciones porque el advenimiento de una nueva administración presidencial, siempre hace renacer esperanzas en los corazones de quienes nos hacemos eco de las promesas partidarias de mejorar las cosas en el país. Mi llamado es que se reconozca la importancia que tiene el vocero oficial, en donde recae la entrada o no de la vigencia obligatoria de una ley; la que otorga certeza jurídica de una disposición registral o judicial, o de una declaratoria notarial. Todo lo que aprueban los diferentes órganos del Estado o sus dependencias, debe y tiene que ser publicado para adquirir fuerza legal. En resumen, la seguridad jurídica, la vigencia de lo legal, reside en las publicaciones oportunas del Diario Oficial.