El juez Jorge Guzmán luchó por lograr acceso a los archivos militares sobre la Masacre de El Mozote y lugares aledaños (1981), pero le fueron negados en reiteradas ocasiones. /Archivo DEM.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jerez, aseguró que
el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, a cargo del caso de El Mozote, ya fue destituido y reemplazado, en cumplimiento a las reformas a la ley de la carrera judicial.Durante la Entrevista AM, López Jerez aseguró que
más de 100 jueces han sido sustituidos desde el 27 de septiembre, cuando entró en vigencia el decreto legislativo 144, que ordena cesar "automáticamente” a los jueces mayores de 60 años de edad y con más de 30 años en la judicatura.
Entre los jueces cesados está el juez Jorge Guzmán, quien se negó a continuar conociendo el caso de la masacre de El Mozote hasta que los diputados no deroguen las reformas que retiran a sus compañeros. López Jerez aseguró que "prácticamente se le suplicó" para que continuara en el tribunal, e incluso
se le ofrecieron "condiciones muy diferentes" a las del resto de jueces, que se sometieron a un "régimen de disponibilidad" o recibieron 24 salarios para retirarse voluntariamente; pero Guzmán no aceptó.
Una jueza "diligente".
El presidente de la Corte Suprema, nombrado el 1 de mayo por diputados de Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa,
admitió que el caso "va a tener un atraso", pero que ya se juramentó a una nueva jueza, que es "diligente". Organizaciones de víctimas como la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, señalaron en septiembre pasado que las reformas para destituir a jueces obstaculizan su derecho a tener justicia, tras 40 años de ocurrida la masacre, una de las más crueles en la historia de América Latina.Cada año, más víctimas y familiares de víctimas de la masacre mueren sin recibir justicia, en
un proceso judicial que fue cerrado por el mismo Estado por 23 años, a causa de la Ley de Amnistía General."No es obligatorio".
López Jerez aseguró que el decreto 144, ampliamente criticado por destituir automáticamente a los jueces mayores de 60 años,
"no obligaba a nadie a renunciar", si no que era "voluntario". "Las reuniones fueron para ver la forma más conveniente (en que los jueces podían renunciar)", declaró. Sin embargo, dejó en claro que las opciones de los jueces eran dos: renunciar y retirarse con 24 salarios, o bien, someterse a un "régimen de disponibilidad", que les permitiría seguir en sus respectivos tribunales, sujetos a cambios de la Corte Suprema de Justicia.Agregó que en ningún momento la Corte estuvo dispuesta a analizar si este decreto era legal o no.
"Se les aclaró (a los jueces) que nosotros no pretendíamos introducirnos en análisis del decreto legislativo. Le dimos operatividad al decreto sin decir si era inconstitucional o no", añadió.