El Salvador dejará despenalización del aborto fuera de su reforma constitucional, según la ONU

El Gobierno de El Salvador no icluirá la despenalización del aborto en su iniciativa de reforma constitucional, según aclaró el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, a la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres.La representante de ONU Mujeres en El Salvador, Ana Elena Badilla, aseguró durante la entrevista Diálogo con Ernesto López, de Canal 21, que el Gobierno salvadoreño, específicamente el vicepresidente Ulloa, solicitó apoyo a Naciones Unidas en "diferentes áreas de expertise" para la reforma; sin embargo, el aborto y las uniones de personas del mismo sexo quedaron fuera de la mesa.Uno de los temas que se abordó, según confirmó Badilla, es la despenalización absoluta del aborto en la legislación salvadoreña. Sin embargo, Ulloa recalcó que esta no será una discusión a nivel constitucional, si no a nivel legislativo. Según reveló Badilla, la ONU puso sobre la mesa la conversación del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo; sin embargo, ninguno se abordó como prioritario en la reforma. Esta no es la primera vez que Ulloa se opone a la despenalización del aborto en la nueva Constitución. El vicepresidente aseguró el pasado 8 de marzo en una entrevista con el periodista Jorge Ramos, que no se necesita una reforma constitucional para permitir el aborto terapéutico, si no que existe meramente un impedimento a nivel de leyes secundarias. Contradictoriamente, aseguró que la ley permite habilitar el aborto "cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando se dan circunstancias en que se amerita una extracción del producto".En la práctica, sin embargo, no se da así. En 1999, la Asamblea Legislativa de mayoría conservadora reformó la Constitución de la República para reconocer como persona "a todo ser humano desde el instante de la concepción". Con ello, y con una posterior reforma al Código Penal, se abrió la posibilidad de procesar y encerrar a las mujeres que interrumpieran su embarazo.Las penas por provocar un aborto, según los artículos del 133 al 139 del Código Penal, pueden variar de dos a 12 años en prisión, dependiendo de la violencia con la que se practique, si el aborto es inducido o asistido por profesionales de la salud, por la misma mujer, por su pareja o por sus familiares.Sin embargo, al considerar al feto como una persona, las mujeres que abortan también enfrentan cargos de homicidio que implican penas de hasta treinta años de prisión.

Apoyo técnico en derechos, ambiente y economía

Lo que sí pidió el Estado salvadoreño a la ONU es el apoyo técnico en derechos humanos en general, derechos de las mujeres, medio ambiente y economía.Esta semana, reveló Badilla, la ONU sostuvo una primera sesión "enfocada en los derechos humanos en general, derechos de las mujeres en particular. También nos ha pedido el vicepresidente apoyar en otras áreas de derechos, por ejemplo el ámbito ambiental, en lo económico y en lo social".