El Salvador registra 61 homicidios intencionales entre el 1 de enero y el 16 de noviembre de 2026, informó este lunes el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien aseguró que ninguno de los responsables de estos crímenes está pendiente de enfrentar a la justicia.

«A la fecha, en lo que va del año, llevamos 61 homicidios intencionales. Valga la aclaración que ninguno de esos responsables (de los hechos) está pendiente de enfrentar a la Justicia, es decir que 61 (asesinatos) con cero impunidad», afirmó Villatoro durante una conferencia de prensa, al responder una consulta de la agencia EFE.

El funcionario no presentó una comparación de los homicidios registrados durante los primeros diez meses y medio de 2026 con el mismo período del año anterior. Sin embargo, las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR) reflejan una reducción de los asesinatos entre enero y agosto.

Según los registros publicados por la Fiscalía, durante los primeros ocho meses de 2026 se contabilizaron 49 homicidios, de los cuales 20 fueron atribuidos a situaciones de «intolerancia familiar». La cifra representa una disminución del 9.3 % frente a los 54 asesinatos reportados durante el mismo período de 2025.

El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios intencionales, una reducción del 28 % en comparación con los 114 asesinatos registrados en 2024, según las estadísticas oficiales presentadas en enero por el Gabinete de Seguridad. Las autoridades  informaron entonces que durante 2025 el país registró un promedio diario de 0.2 homicidios y una tasa de 1.3 asesinatos por cada 100,000 habitantes. En esa ocasión, Villatoro aseguró que los 82 crímenes fueron esclarecidos mediante la detención de sus responsables.

La disminución de los asesinatos ocurre mientras El Salvador mantiene vigente el régimen de excepción, una medida implementada desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas y que contempla la suspensión de determinadas garantías constitucionales para toda la población.

Según las cifras proporcionadas por las autoridades, durante los cuatro años de aplicación de esta medida se realizaron más de 93,000 detenciones. El Gobierno del presidente Nayib Bukele atribuye al régimen de excepción una parte importante de la reducción de los homicidios y de la violencia relacionada con las estructuras pandilleriles.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos registran más de 6,000 denuncias de presuntas vulneraciones a derechos fundamentales durante la aplicación del régimen, además de unas 570 muertes de personas que permanecían detenidas.