El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se convirtió el martes en el primer exmandatario español imputado judicialmente, tras ser señalado en una investigación por presunto tráfico de influencias relacionado con el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra.
La decisión fue emitida por el juez de la Audiencia Nacional española, José Luis Calama, quien sostiene en el auto judicial la posible existencia de una “trama organizada de ejercicio ilícito de influencias” supuestamente liderada por Rodríguez Zapatero para beneficiar a terceros, principalmente a la aerolínea.
El caso investiga la aprobación de una ayuda pública de 53 millones de euros, equivalentes actualmente a aproximadamente $60.2 millones, destinada al rescate de Plus Ultra, operación en la que presuntamente se pagaron comisiones ilegales y se utilizaron fondos para actividades de lavado de dinero vinculadas a funcionarios venezolanos.
Según el juez, Rodríguez Zapatero habría obtenido junto a su entorno beneficios cercanos a 1.9 millones de euros, equivalentes a unos $2.1 millones. La investigación señala transferencias económicas provenientes de distintas empresas y organizaciones relacionadas con actividades de consultoría y relaciones públicas.
Entre las operaciones mencionadas, el magistrado sostiene que la empresa Análisis Relevante habría transferido 490,780 euros, unos $558,000, a Zapatero y otros 239,755 euros, aproximadamente $272,000, a Whathefav, empresa vinculada a sus hijas.
Asimismo, el think tank Gate Center habría enviado 352,980 euros, equivalentes a cerca de $401,000, al expresidente y otros 171,727 euros, unos $195,000, a la misma compañía familiar.
El juez también menciona pagos provenientes del grupo Thinking Heads, que supuestamente transfirió 681,318 euros, unos $774,000, a Zapatero y 12,297 euros, alrededor de $14,000, a Whathefav.
La Audiencia Nacional investiga además posibles delitos de organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales, especialmente por la presunta utilización de sociedades instrumentales en territorios de baja transparencia fiscal.
Tras conocerse la imputación, Zapatero aseguró que “jamás” realizó gestiones ante ninguna administración pública para favorecer el rescate de Plus Ultra y defendió la legalidad de todas sus actividades públicas y privadas.
«Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad», afirmó el exmandatario en un video enviado a medios españoles luego de ser citado a declarar el próximo 2 de junio.
El actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldó públicamente a Zapatero y pidió defender el “buen nombre” del exlíder socialista. Mientras tanto, el opositor Partido Popular calificó el caso de “extrema gravedad” y exigió explicaciones urgentes del Ejecutivo.