Embargan bienes de narcos condenados por una masacre

La Fiscalía General de la República impuso ayer medidas cautelares de embargo a 16 inmuebles y 15 vehículos propiedad de 13 personas vinculadas a una estructura que fue condenada a penas de cuatro y 252 años por siete casos de robo agravado, dos robos agravados imperfectos y la masacre de nueve personas, el 30 de marzo de 2015, en un predio de Quezaltepeque, La Libertad.La solicitud de ratificación de medidas cautelares fue presentada en el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio el pasado 29 de agosto y tras una prevención, que fue subsanada por los fiscales, se autorizó la medida que se hizo afectiva ayer en el predio donde ocurrió la matanza."De acuerdo a las investigaciones, ellos pertenecían a una banda delincuencial que se conocía como Banda El Tigre, a través de las actividades de esa organización que ellos pertenecían fueron incrementando su patrimonio” explicó Alexis Ayala, jefe de la Unidad Especializado de Extinción de Dominio.Los bienes e inmuebles ubicados en La Libertad y La Paz están a nombre de Miguel Ángel Flores, Reyna Isabel Molina, Nelson Orlando Gálvez Peñate, Manuel Benjamín Romero, Rhina Castillo Moreno, Vidal Antonio Arce, Nathalie Crack Menjívar, José Roberto Crack Menjívar, Ruth Yamileth Mendoza, Silvia Nohemí Solano, Blanca Patricia Flores de Flores, Estefany Guadalupe Cruz Molina y Luis Alonso Ramos Molina.Ayala informó que desde el día de la masacre los inmuebles y vehículos han estado en custodia de la policía por orden de la Fiscalía y aunque no se ha realizado un avalúo, se estima que podrían estar valorados entre $150 mil y $200 mil.Según la solicitud presentada en sede judicial los bienes e inmuebles son producto de las actividades ilícitas a las que se estaban dedicando los imputados, se menciona que los habrían adquirido del narcotráfico y contrabando.Luego de la incautación, el Ministerio Público ha puesto a la orden del Consejo Nacional de Bienes (Conab) todos los bienes e inmuebles para que los administre mientras dure el proceso de extinción de dominio.En este caso, los afectados (propietarios) tendrán que probarle a la jueza especializada que esos bienes e inmuebles fueron obtenidos de legal forma y que no son producto de ningún ilícito acusado por la Fiscalía.