Ernesto Muyshondt sigue en penal pese a resolución de arresto domiciliar

A 20 días que la Cámara Tercera de lo Penal ordenó a Centros Penales que pusiera en arresto domiciliar al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y Fernando Heriberto Portillo Linares, extesorero municipal, el mandato aún no se ha cumplido.Fuentes judiciales indican que ambos imputados siguen en el penal La Esperanza conocido como "Mariona", porque Centros Penales asegura que no tener disponible brazaletes electrónicos para ellos.Los magistrados de la Cámara en su resolución, conocida el 30 de julio, establecieron que Muyshondt debía cumplir otras medidas alternas a la prisión como pagar una fianza de $50,000 y el uso de brazalete electrónico.El mismo día que la Cámara Tercera de lo Penal dio a conocer la resolución, la Dirección de Penales alegó "no haber recibido ningún tipo de documentación oficial” e indicó que de recibirla informarían a la Cámara que no puede ejecutarse la medida debido a que "no tienen brazaletes electrónicos” disponibles.El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y el extesorero municipal Fernando Heriberto Portillo Linares, son procesados por presunta apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias por $275,000.El Juzgado Octavo de Instrucción que está a cargo del proceso del exalcalde, y dos de sus cercanos colaboradores, envió un oficio a Centros Penales solicitando "que haga un análisis o estudio de disponibilidad y factibilidad de colocación de brazalete electrónico al imputado”, sin tener respuesta.La Cámara fundamentó su revocatoria en la falta de fundamentación y la errada interpretación del artículo 331 inciso primero, del Código Procesal Penal, que especifica el peligro de fuga de un imputado y establece delitos graves como homicidio y extorsión entre otros, sin embargo, no es este caso, además en el artículo siguiente 332, sugiere que los jueces pueden imponer otras medidas que no sea de detención cuando se trate de delitos menores."Considerando tanto las circunstancias fácticas y probatorias del caso, aunado a que no logra fundamentarse un riesgo extraordinario de fuga u obstaculización de la investigación, revocar la medida más gravosa a los sindicados y sustituirla por otras como arresto domiciliar, imponer una fianza de $50,000 y uso de brazalete electrónico”, se extrae de la resolución emitida por la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.