La Asamblea Legislativa entregó la información requerida por Diario El Mundo sobre los reclamos del oneroso seguro médico que diputados y empleados legislativos -y algunos de sus familiares- tienen. Solo $1.7 millones de $6.5 millones se utilizaron; sin embargo, la Junta Directiva de la Asamblea está acelerando la contratación de un nuevo seguro para 2017, por $6 millones.
A los contribuyentes nos ha tocado pagar desde tratamientos de cáncer y lupus, hasta los juanetes, urzuelos, celulitis y hongos en las uñas de los beneficiarios de este seguro.
Pero hay que ser justos. No es el único caso. En el órgano judicial también ocurre algo parecido y la Corte Suprema declaró “confidencial y reservada” la misma información que nos dio la Asamblea Legislativa. El Instituto de Acceso a la Información Pública ha recibido una apelación del caso. También en CEPA sucedió lo mismo.
La verdad es que mientras seamos los contribuyentes los que pagamos esos costosos seguros médicos, no debe haber ninguna información “confidencial y reservada” en los gastos hospitalarios de los funcionarios. Si quieren que se respete su intimidad, deberían pagar ellos mismos sus gastos médicos como lo hacemos la inmensa mayoría de la población. A menos que se paguen un seguro médico privado, de sus propios recursos, no anden con delicadezas de ese tipo, que no les luce.