Esto piden los defensores de derechos humanos salvadoreños en el proceso penal de la masacre jesuita

Justicia en el lugar de los hechos. Eso piden los defensores de los derechos humanos de El Salvador, ante la reciente condena del excoronel Inocente Montano a 133 años de prisión, en España, por la masacre jesuita.El director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Saúl Baños, señaló que la condena de Montano es simbólica, pero es parcial y hace falta que se haga justicia en El Salvador. El abogado también destacó que la condena en España también es un mensaje para las autoridades salvadoreñas "para que sepan qué es posible juzgar crímenes del conflicto armado". Por otro lado, la periodista especializada en derechos humanos, Celia Medrano, manifestó que el proceso en España resalta las acciones terroristas ordenadas desde el Alto Mando militar y alertó del proceso pendiente en el país. Medrano resalta que aún hay complicidad en el Gobierno para no revelar los archivos militares de la época del conflicto que impiden resolver los crímenes.Mientras que el director de litigio estratégico de Cristosal, David Morales, recordó que es la primera vez que un crimen de la guerra llega a condena en un proceso penal.

¿Qué pasó con el proceso penal de la masacre jesuita en El Salvador?

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA) reveló que el proceso está detenido en la Sala de lo Penal, por una serie de recursos puestos por la defensa de los militares acusados. Según el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el sacerdote jesuita José María Tojeira, desde el 2018 que el Juzgado Tercero de Paz decidió reabrir el proceso, la defensa empezó una serie de apelaciones para dilatar el proceso y desde hace varios meses está en el seno de la Corte Suprema de Justicia.Primero, la defensa apeló la decisión del juzgado ante la Cámara, quien le dio la razón y ordenó reabrir el caso; ahí la defensa decidió apelar la decisión ante la Sala de lo Penal.Antes de una resolución de la Sala de lo Penal, la Corte en Pleno tuvo que resolver dos recusaciones que la defensa presentó ante dos de los magistrados de la Sala que supuestamente habrían conocido el caso, en las peticiones de extradición que España hizo en 2012.La masacre de seis sacerdotes jesuitas -cinco españoles- y dos colaboradoras ocurrió la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en la residencia de la UCA, a manos del batallón Atlácatl y por órdenes del Alto Mando de la Fuerza Armada de la época.