Ezequiel Milla, exalcalde de La Unión, llega al Centro Judicial para enfrentar la acusación. /Cortesía FGR.
, en perjuicio de tres trabajadoras municipales que lo denunciaron a él y a su concejo municipal en 2018.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la audiencia se instaló hoy, después que presentaran el requerimiento el pasado 30 de julio ante el Juzgado Primero de Paz en dicho municipio, para procesar a Milla y 11 de sus concejales.Según explicó el fiscal asignado al caso, a los 12 acusados se les imputa el delito de actos arbitrarios, debido a que
en 2018 acordaron degradar la posición de tres mujeres trabajadoras de la alcaldía, de forma injustificada. La Fiscalía solicitó instrucción formal con medidas distintas a la detención provisional, por lo que el exalcalde enfrentará el proceso en libertad.
Ezequiel Milla fungió como alcalde de la cabecera departamental de La Unión en los periodos 2012-2015, 2015-2018, y 2018-2021. Actualmente, Milla es concejal bajo la bandera del partido ARENA en la alcaldía de La Unión.Sin embargo,
el pasado 28 de junio el instituto político lo expulsó tras aparecer en la lista Engel, por presuntamente haber favorecido a empresarios chinos la compraventa de la Isla Perico.
Los hechos.
El Ministerio Público detalló que las tres trabajadoras ─cuyos nombres están en reserva para proteger su identidad─
impusieron una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, "la cual determinó que estos fueron actos arbitrarios". "Nosotros consideramos esto como suficiente para iniciar la acción penal", agregó.Los concejales se sumaron a la acusación porque, según la Fiscalía, "confirmaron estos actos administrativos, y al confirmarlos, cometieron el mismo ilícito que el alcalde (...)
Pudieron haber adversado esas decisiones, pero cayeron en la misma arbitrariedad", detalló el fiscal.Dos concejales de la Unión ingresan al Centro Judicial Dr. Hugo Lindo, donde se les acusa de actos arbitrarios. /Foto: Cortesía FGR.
En el caso de Milla, además, se suma el delito de expresiones de violencia contra la mujer, incluido en la Ley Especial para una vida Libre de Violencia (LEIV),
"por una serie de acciones de misoginia, comportamiento machista, degradante y vejatorio", sumó el fiscal.Según la parte acusadora,
una de las empleadas fue aislada del resto de sus compañeros, a quienes se les prohibió establecer contacto con ella. Además, fue colocada en una computadora frente a la pared en la oficina. "Esto, según la ley, es maltrato psicológico", agregó el fiscal.Otra de las víctimas, dijo,
estaba enferma de covid-19 cuando el entonces alcalde expresó que era "el momento de deshacerse de ella", en el caso que muriera por la enfermedad.En un tercer caso, además, una víctima denunció que
se incrmentó el salario a todos sus compañeros menos a ella, sin decirle por qué. "La ley de la carrera administrativa municpial ya establece los presupuestos, y por lo tanto fue una decisión arbitraria", añadió el fiscal.