Exdiputado Silva Pereira vendió servicios a 10 alcaldías por $10 millones sin cumplir la Lacap

El exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira obtuvo $10,276,718.65 entre los años 2005 y 2006, aparentemente con la operación de sus dos empresas del ramo de la construcción y reparación de caminos vecinales, en obras de 10 alcaldías del país, pero la Fiscalía General de la República les recrimina que no cumplían los requisitos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) en los proyectos municipales.Las dos empresas que Silva Pereira, quien era diputado suplente por el Partido de Concertación Nacional (PCN), junto a su esposa crearon son Caminos y Edificaciones S.A. de C.V. (CED) y Proveedores y Construcciones de Obras Viales, Eléctricas S.A. de C.V. (Provecom).Ellos construyeron proyectos sociales a comunas, principalmente, del oriente del país. Las empresas fueron creadas entre 2002 y 2005.Según Fiscalía, las dos empresas creadas por la pareja Silva Parada son sociedades sin experiencia en construcción, sin antecedentes de haber realizado obras similares, sin personal idóneo y sin solidez financiera para operar. A esas deficiencias, la Fiscalía remata que tampoco sus representantes legales tienen los atestados suficientes para dirigir esas compañías. En definitiva, nos son profesionales en la construcción.Las investigaciones fiscales establecieron que de acuerdo con el monitoreo del Ministerio de Hacienda, las dos sociedades permanecían inactivas en 2006, al no reportar declaraciones de renta ni del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por operaciones desarrolladas luego de su constitución, aunque en un arqueo financiero, la Fiscalía descubrió una cuenta de ahorro en el banco Hipotecario desde el 12 de febrero de 2003.De esa fecha hasta el estudio en 2006, la pareja procesada "registraba una serie de movimientos de fondos provenientes de los gobiernos municipales en pago por proyectos adjudicados sin cumplir con los requisitos de la LACAP como tener un domicilio, registros contables y fiscales, matrícula anual, registro de balances por lo que fueron consideradas como empresas de fachada”, dice Fiscalía.En ese periodo movió $2,411,998, fondos que fueron retirados con cheques y cobrados en efectivo por Roberto Silva Pereira por un valor de $831,268, en su condición de administrador y único propietario de capital de la sociedad CED S.A de C.V.En los dos años y por todos los servicios a las alcaldías, la pareja afianzó un ingreso de $10,276,718.65, pero en las declaraciones de la renta y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) solo ha detallado ingresos por un poco más de $5 millones. 

Ros delator.

Son estos hechos, que obligaron a la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía a iniciar una investigación contra el exdiputado Silva Pereira a partir del 23 de marzo de 2006, además, tras recibir un reporte del banco Hipotecario en el que se le alertaba de operaciones sospechosas e irregularidades en las cuentas bancarias del exgerente del mismo banco, Óscar Mauricio Contreras, y que se vinculaban al exdiputado Silva Pereira, las cuales se dieron entre el 28 de julio de 2005 y marzo de 2006.En un inicio, Contreras fue acusado de manipular las cuentas bancarias de dinero mal habido a cambio de quedarse con una comisión. Los titulares de esas cuentas eran el exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira y su esposa Nora Emely Parada de Silva, indicaba la alerta por operación sospechosa, que además revelaba que se habían hecho transacciones repetidas en cuentas del exgerente del banco Hipotecario de la sede de oriente. 

La fuga.

En 2006 y a raíz de las irregularidades, la Fiscalía abrió una investigación penal por lavado de dinero y activos, además de cohecho (sobornos) contra Silva, quien huyó a Estados Unidos.En octubre de ese año, Silva fue capturado en Arizona, Estados Unidos, por su ingreso ilegal; la Asamblea Legislativa le quitó su fuero como diputado suplente y después de 13 años, fue deportado en enero del 2020 a El Salvador.Por ser exdiputado, el caso fue enviado a la Cámara Primera de lo Penal, quien se declaró incompetente y envió el caso al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador; este ha programado la audiencia preliminar para el 2 de febrero, ahí el juez decidirá si lo manda a él y a su esposa a juicio por presunto lavado de $10 millones. 

Le han sido inmovilizadas 8 cuentas de ahorro, 13 cuentas corrientes y 7 terrenos.

 

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