Fiscalía abre investigación a sindicalistas por cierres en la Corte y este llamado

En el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador fueron acusados, la tarde del pasado lunes, ocho dirigentes de tres sindicatos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por desórdenes públicos y ejercicio violento del derecho.Un informe de la unidad de delitos relativos a la vida, de la oficina fiscal de San Salvador, señala que los acusados son: Roswal Gregorio Solórzano Hernández, a quien también le acumulan apología del delito; Roxana Estela Gómez de Joma, Domingo de Jesús Rivas Hernández, Julio César Maraver, Vanessa Guadalupe Arias Cornejo, Joaquín Adilio Rodríguez, Reina Maribel Sigarán de Lemus y Rubén Stanley Quinteros Tobar. El Ministerio Público Fiscal los procesa por cuatro hechos ocurrido en diferentes fechas. Uno fue registrado el 19 de marzo de 2020, cuando miembros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ), Sindicato de Empleados Judiciales (SINEJUS), Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales 30 de junio (SEJES 30 DE JUNIO), cerraron los accesos a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, impidiendo la entrada de empleados y usuarios a las instalaciones del Centro Integrado de Derecho Privado Social, Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas, de la Corte Suprema de Justicia, el Palacio Judicial de la Corte Suprema de Justicia, Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador y otros del interior del país, según las pesquisas fiscales.El segundo hecho que la Fiscalía judicializó es la difusión de un mensaje en redes sociales, el pasado 10 de junio, donde Roswal Solórzano aparece en un video haciendo un llamado a la insurrección popular, según el Ministerio Público pidió a todos salir y ajustar cuentas con la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional el 10 de junio.Ese llamado tuvo eco en las organizaciones sociales ya que el siguiente día salieron a protestar por un lapso de seis horas obstruyendo la libertad de tránsito en la Alameda Juan Pablo II, bloquearon además el acceso al Instituto de Medicina Legal (IML), dice la Fiscalía que esas acciones están documentadas en un video divulgado por un periódico digital.Otros dos eventos que el Ministerio Público les reprocha a los sindicalistas tienen fecha de 25 y 29 de junio, cuando cerraron los accesos al Centro Judicial Isidro Menéndez y el Centro Integrado de Derecho Privado y Social, con esas acciones evitaron la realización de audiencias y diligencias judiciales, según informa la Fiscalía.