Fiscalía acusa de incumplimiento de deberes al director de la PNC

La Fiscalía General de la República presentó la acusación penal en contra del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, por el delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública, en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.Esto luego que el director renunciara a su cargo de viceministro de Seguridad Pública y perdiera el fuero constitucional que lo protegía de ser procesado penalmente, el pasado martes 8 de diciembre.En su momento, la Fiscalía presentó una solicitud de antejuicio contra Arriaza Chicas ante la Asamblea Legislativa, argumentando que él en su calidad de director de la PNC no obedeció una orden de una comisión especial del Órgano Legislativo. La fiscalía también lo señaló de haber cometido fraude de ley al haber aparentado que cumplía con su obligación, enviando un oficio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. El fiscal descartó que la renuncia de Arriaza como viceministro de Seguridad Pública intervenga en el proceso penal iniciado, por el contrario, la renuncia del ahora procesado agilizó la acusación penal.

Qué pasó.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, fue citado por una comisión especial de la Asamblea Legislativa cuatro veces y no llegó.El 2 de septiembre, la comisión especial pidió al ministro un informe de toda la colocación de la deuda, de corto o largo plazo, de marzo a agosto de 2020, y lo cita para el 9 de septiembre a las 11:00 a.m.El 7 de septiembre de 2020, el ministro le responde que tiene otros compromisos asumidos con anterioridad También se disculpó para no asistir el 16 de septiembre, 23 de septiembre y el 30 de septiembre.Así mismo, el 18 de septiembre, pidió una prórroga de 15 días para entregar el informe. Los diputados decidieron hacerlo comparecer por apremio y le enviaron la nota al director de la PNC, quien envió una nota de Hacienda y otra nota a la comisión, señalando que el uso de la fuerza es último argumento.El director de la Policía objetó el uso de la fuerza pública ante la petición de la comisión especial de mandar a traer por apremio al ministro de Hacienda.