Fiscalía asegura demostrar defraudación al fisco con escuchas telefónicas en caso "Chepe Diablo"

El quinto perito de la Fiscalía General de la República declaró ayer sobre la intervención de llamadas telefónicas en el juicio que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador desarrolla contra el empresario José Adán Salazar Umaña, el exalcalde de Metapán Juan Umaña Samayoa y tres de sus parientes, acusados de blanquear más de $132 millones entre 2003 y 2017.A juicio de Fiscalía, el perito ha confirmado que los imputados evadieron el impuesto de importación de materia prima de los países suscriptores del Tratado de Libre Comercio, entre ellos Estados Unidos, haciendo uso de licencias concedidas a otras sociedades y personas ajenas a Agroindustria Gumarsal para ahorrarse el 40 % del impuesto que se debían pagar al Ministerio de Hacienda.La intervención de llamadas telefónicas fue autorizada por el Juzgado Séptimo de Instrucción para aplicarse a 11 números de teléfonos celulares de nueve sospechosos de lavado de dinero y activos, entre septiembre y noviembre de 2016. Asimismo se identificó el manejo de la estructura de José Adán Salazar y Juan Umaña Samayoa y su grupo empresarial, que en 2016 se reestructuraron al dejar de funcionar sus empresas primarias como Gumarsal, Molino San Juan, Arrocera San Pablo, Graneros de Centroamérica entre otras, tras verse afectadas con el cierre de sus cuentas bancarias por la intervención de sus empresas en el inicio de este proceso judicial. El perito dedicó de 45 a 50 días escuchando miles de llamadas en las que los imputados sostenían conversaciones, pero seleccionó de 300 a 400 llamadas, de las que extrajo un resumen de las conversaciones que ofreció al Tribunal Segundo de Sentencia.En las llamadas se establecieron relaciones comerciales del grupo empresarial con la alcaldía de Metapán y otras alcaldías, en cuanto a la venta de combustible, se detectaron conversaciones de posibles exfuncionarios del gobierno de turno (en la administración de Salvador Sánchez Cerén) entre ellos del Ministerio de Economía, Educación y Cultura, aunque no se dice el nombre completo de los funcionarios, pero que se deduce que las comunicaciones tenían como fin relaciones comerciales normales.Al final, las escuchas telefónicas, según la fiscalía, abonan a la imputación de defraudación a la renta de aduanas y que prueba el delito de lavado de dinero y activos por el cual están siendo juzgados y que la fiscalía concluye que se utilizó de forma fraudulenta la excepción arancelaria para no pagar impuesto por productos de origen de países suscriptores del Tratado de Libre Comercio como Estados Unidos, República Dominicana y México.