Fiscalía dijo estar satisfecha luego de lograr autoincriminación de Saca

Cuando el expresidente Elías Antonio Saca comenzó a rendir su declaración, los fiscales reaccionaron ante el Tribunal Segundo de Sentencia advirtiendo que no estaba diciendo lo que se había acordado y que, lejos de eso, estaba justificando su forma de actuar durante su mandato.Pero el juez presidente de ese tribunal le expresó a la representación fiscal que no comiera ansias y que esperara el rumbo que iba a tomar la confesión del exmandatario, y que iban a tener hasta la oportunidad de interrogarlo sobre todos los puntos expuestos.Al final de la confesión, tres de los fiscales interrogaron a Saca y lo llevaron hasta el punto que ellos quisieron, haciéndolo confesar todas las irregularidades que cometió entre los años 2004-2009.El fiscal Mario Huezo dijo que cuando un imputado, al momento de su confesión, algunos aprovechan para justificarse y que al principio eso percibieron de Saca, lo cual en un procedimiento abreviado implica que se estaba alejando del acuerdo pactado."La intervención que se tuvo era para hacerle ver y recordar que si no se apegaba al acuerdo con el Estado de confesar de manera autoincriminatoria se iba dejar de lado el acuerdo para para un procedimiento abreviado”, sostuvo Huezo.Saca al estarse justificando, podía incidir en cuanto a que el tribunal le aceptara o no la confesión, ya que si en su análisis los jueces resolvían que no se estaba frente a una autocriminación, la diligencia se iba continuar con un procedimiento ordinario.Una de las confesiones de Saca fue que se aprovechó de la organización que se había fijado y de los escasos dispositivos de control para realizar transferencias de fondos de las dos cuentas que habían sido abiertas a nombre de su entonces secretario privado, Élmer Charlaix, para luego transferir los fondos a otras personas, entre ellos a Julio Rank y César Funes.Saca confesó que desde que se le explicó la posibilidad de emitir un reglamento, consideró que eso permitiría asegurar la aparente legalidad en el manejo de los fondos públicos, denominados gastos reservados, y aprovechar su uso para finalidades distintas a las que establecía el presupuesto de Casa Presidencial y apropiárselos a beneficio personal y de otras personas.Agregó que de esa manera se evadirían las exigencias que se establecían en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, su reglamento y normativas emitidas por el Ministerio de Hacienda, respecto al adecuado manejo de los fondos públicos.