Fiscalía pide a Sala de lo Constitucional que reabra el caso de la masacre jesuita
El año pasado, el coronel Inocente Montano fue condenado a 133 años de cárcel, por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles, en la Audiencia Nacional de España.
El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, quien era el rector de la universidad, Ignacio Martín Baró, vicerrector académico de la UCA; Segundo Montes, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca); Juan Ramón Moreno, director de la biblioteca; Amando López, profesor de filosofía; Joaquín López y López, salvadoreño y fundado de la UCA.
También fueron asesinadas, Elba Ramos, empleada de los sacerdotes y su hija, Celina Ramos, de 16 años.
Una condena.
El 11 de septiembre del 2020, la Audiencia Nacional Española condenó a 133 años de cárcel al coronel Inocente Orlando Montano Morales, de 78 años de edad, por la muerte de cinco sacerdotes españoles, la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
Sin embargo, aún no hay condena por el asesinato de los tres salvadoreños.
Según el exteniente, Yushy Mendoza, quien fue testigo en ese juicio, el Alto Mando ordenó asesinar a Ellacuría sin de dejar testigos, y esa madrugada, el batallón Atlácatl ingresó a las instalaciones de la UCA y asesinó a todos los sacerdotes y a Elba y Celina.
Implicados.
En el testimonio, el 9 de julio del 2020, el exteniente Yushy Mendoza dijo a la Audiencia Nacional Española que el alto mando de la Fuerza Armada ordenó matar a los jesuitas y añadió que previo a la ejecución, "La Tandona” se reunió con el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, de quien no recibieron ninguna contra orden para detener la masacre.
Ayer, el fiscal general, Rodolfo Delgado, señaló que se debe investigar el hecho, sin importar quienes son.
"En este momento, la decisión es de los magistrados de la Sala de lo Constitucional quienes tienen en este momento la última palabra para decidir si en realidad se realiza una investigación adecuada que abarque a todos los que estuvieron involucrados, sin importar el cargo que ostentaban cuando sucedieron los hechos”, afirmó Delgado.
Aunque la Sala de lo Penal cerró el caso argumentando prescripción y que el caso no era retroactivo, Delgado sostuvo que hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde señala que esos argumentos están proscritos en materia de Defensa de Derechos Humanos.
El único condenado en el caso es el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, quien recibió una pena de 30 años de prisión por haber participado en la masacre; tras la derogación de la ley de Amnistía fue capturado para cumplir su condena en 2016.