Fondo de Emergencia bajó a $23.5 millones con aval de Hacienda

El Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica reveló este martes que el esquema para usar dichos fondos en el Gobierno se complejizó.El Fondo de Emergencia, conocido como FERRE por sus siglas, que ascendía a $219.3 millones en el Gobierno Central, quedó reducido a $23.5 millones, por acuerdo ejecutivo, según el Comité. Fue un recorte de $195.8 millones aprobado en el acuerdo ejecutivo 494 del Ramo de Hacienda, del 1 de julio de 2020.Estos fondos fueron reorientados a partidas de funcionamiento, obligaciones generales y servicio de deuda pública interna y externa.El FERRE asignado a los gobiernos municipales ascendió a $191.7 millones, sumando de $215.2 millones.Este Fondo de Emergencia fue creado por el decreto legislativo 608 del 26 de marzo de 2020, que autorizó al Ejecutivo gestionar hasta $2,000 millones de deuda y a planificarla en un presupuesto extraordinario.De acuerdo al informe de la Veeduría, presentado públicamente este martes, se dispuso $999.3 millones del decreto 608: no todo provino de deuda, ya que $294.3 millones se originaron de recortes a remuneraciones, bienes y servicios, servicio de deuda, obligaciones estatales, programas sociales y de inversión.De los fondos disponibles, el Fondo de Emergencia del Gobierno Central –$23.5 millones– más el asignado a las alcaldías –$191.7 millones–se redujo al 21.5 %.El informe, como todos los emitidos, será entregado a la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas de la República, informó el coordinador de la Veeduría, Ricardo Castaneda.

Fopromid

De acuerdo al informe de la Veeduría, el 98 % de los fondos han sido utilizados dentro del presupuesto ordinario y la mayoría de fondos fueron canalizados a través del Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres (Fopromid). Esto, según la Veeduría, permitió discreción en el uso de los fondos, desatención del decreto 608 y transferencias de fondos sin aprobación de la Asamblea Legislativa.La Veeduría concluyó que a través de acuerdos y decretos de modificación presupuestaria relacionados al decreto legislativo 608, los fondos "se terminaron entremezclando”. Entre los decretos incluyen un movimiento de fondos realizado antes de la emisión del decreto legislativo 608 mediante acuerdo ejecutivo por $38.7 millones recortando la partida de servicio de deuda pública interna, específicamente el pago de intereses sobre bonos, para incrementar Fopromid. 

La distribución

De acuerdo al informe, del total disponible por el decreto 608, se asignaron $892.3 millones para la emergencia y $107 millones para otros usos. De los recursos destinados a la emergencia, se asginaron $607.1 millones al Fopromid, $191.7 millones a gobiernos municipales, $23.5 millones al Fondo de Emergencia, $40 millones al Ministerio de Salud y $30 millones al Hospital El Salvador. 

El dato

La junta directiva del Comité del FERRE era conformada por el coordinador y los ministros de Hacienda, Economía, Obras Públicas y Turismo. 

El esquema del Fondo de Emergencia (Ferre) cambió así:

Estos son los cambios que según la Veeduría hubo en el uso de los Fondos de Emergencia por la pandemia covid-19 relacionados al decreto legislativo 608.

1. Sin actas

2. Fue ordinario

3. Sin autorización

> Reintegros al Fopromid. Se realizaron movimientos de fondos para reponer dinero del Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres (Fopromid), sin evidencia de una autorización de la junta directiva del FERRE ni de la Asamblea Legislativa, aunque la Veeduría no habla de ilegalidades.

4. Destino de recursos

> Recursos no relacionados a la pandemia. Parte de los recursos se asignaron a partidas que no guardan relación directa con la respuesta a la pandemia, estos son fondos destinados al Fomilenio y veteranos, un 10.8 % de los fondos disponibles por el decreto 608.

5. Fondo de emergencia

> No fue el principal destino. El Fondo de Emergencia FERRE asignado al Gobierno Central no fue el principal destino de los recursos, ya que a la aprobación legislativa se le recortó por decretos ejecutivos un total de $195 millones, dejándolo de $23.5 millones. Junto al de alcaldías sumó $215 millones.

6. Efectos

> Centralización de decisiones. La Veeduría señala que la centralización de las decisiones en el Ministerio de Hacienda, la inaplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap), y la elusión de la transparencia y rendición de cuentas, fueron los efectos de este cambio de esquema.