Fusades pide reformar Ley FOPROMID para “evitar el abuso” de fondos públicos durante emergencias

Un análisis de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) sobre el manejo del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) en el marco de la pandemia de covid-19 concluye en que ha existido abuso en el uso de recursos públicos.El estudio señala que al Fondo le fueron asignados más de $657 millones entre marzo y septiembre y cuestiona si el monto se justifica para que haya sido ejecutado en corto tiempo. También refleja que FOPROMID para la atención de la emergencia se creó a base de transferencias entre distintos ramos mediante decretos emitidos por la Presidencia de la República y no conoció ni aprobó la Asamblea Legislativa dichas transferencias.Según detalla el análisis, $400 millones en Letras del Tesoro (LETES) o deuda de corto plazo para atender faltas temporales de liquidez, fue transferido al FOPROMID en marzo mediante orden ejecutiva, esta acción contraviene el artículo 227 de la Constitución de la República señala Fusades.Además, el estudio observa que el 29 de mayo expiró la declaratoria de emergencia y que desde junio se ejecutaron más de $124 millones, aun cuando la ley dicta que al finalizar la declaratoria de emergencia se debe liquidar el FOPROMID.

Falta de transparencia

Subraya además que los funcionarios que dirigen las entidades ejecutoras del FOPROMID se han negado a presentar informes de gastos, comprobantes y documentación de respaldo, la liquidación de los recursos no ejecutados ni su reembolso a Hacienda.Por otra parte, también señala que el sitio web COMPRASAL no contiene la información de la mayoría de las compras realizadas en el contexto de la emergencia.Fusades hizo el llamado a considerar una reforma de la Ley de FOPROMID, creada en 2005, que atienda principios de máxima publicidad, transparencia, eficiencia y ética."Es necesario llevar a cabo una reforma a la Ley de FOPROMID, a fin de que esta pueda estar en línea con lo que establece la Constitución y evitar que en próximas situaciones de emergencia el gobierno no se rija por lo establecido en la LACAP y haga compras sin mayores niveles de control”, versa parte del análisis.