Martínez renunció al MOP en octubre del 2017 para postularse como precandidato presidencial del FMLN. / Archivo DEM
Cuatro reparos en un juicio de la Corte de Cuentas de la República (CCR) declaran responsabilidad patrimonial sobre el exministro de Obras Pública, Gerson Martínez y lo condenan a devolver, junto a otros funcionarios de esa entidad, $2,593,186.32 al Estado salvadoreño, por deficiencias en el proyecto de construcción del Sistema de Transporte Integrado del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).Los reparos donde es señalado culpable patrimonialmente son el pago de honorarios en concepto de supervisión que ascienden a $143,666.08; una nueva contratación por incumplimiento del contratista por $47,261.88; una modificación y prórroga a la parada Antekirta no justificada por $98,953.99 y la más grave por la deficiente construcción de la terminal de Sitramss en Soyapango por $2,303,304.57.Esta última señala que en la terminal integración de Sitramss, en Soyapango, tiene paredes desniveladas que el contratista (MOP) no exigió su destrucción y nueva construcción de forma correcta, el proyecto tampoco tiene un plan de mitigación, tiene paredes con columnas inestables, no había agua potable en los lugares de construcción y no hubo medidas de seguridad dentro de las instalaciones del proyecto.La Corte de Cuentas repara en que hubo desobediencia del contratista (MOP), "al no aceptar la autoridad de la supervisión y administrador de contrato, que a pesar de observarle las deficiencias y no conformidades, no permitió la intervención por parte del personal asignado por el MOP”.
Rechaza condenaAnoche, el exministro Gerson Martínez rechazó la condena administrativa y patrimonial de la Corte de Cuentas y lo tildó de carecer de fundamento legal y ser arbitrario "de un daño que jamás existió”."La realidad desmiente los supuestos hallazgos, que constituyen nada más un absurdo jurídico, afirmaciones falsas, sesgadas e imposibles de sostener frente a un proyecto que existe; razón por la cual rechazo rotundamente dicha resolución y anuncio que este proceso continuará”, dice el comunicado colgado en su cuenta de Twitter.Agrega que la contraloría no le notificó de la resolución y que ha violentado sus derechos constitucionales de defensa y de audiencia; en la resolución, nacida de un examen al contrato financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al proyecto de Sitramss, aparece como su apoderado legal, el señor Pedro José Cruz Rodríguez, quien contestó a los reparos hechos en la auditoría.