El recurso, presentado en el distrito norte de Texas, alega que el estado está rompiendo la ley al "discriminar de manera inconstitucional" a los ciudadanos estadounidenses, entregando "beneficios" a jóvenes "extranjeros".
El programa, establecido en 2001 con la aprobación de una ley conocida como Texas Dream Act, permite que ciertos jóvenes que no son ciudadanos estadounidenses - pero que viven en Texas y se graduaron de secundaria en el estado- puedan pagar la misma matrícula universitaria reducida que los residentes legales.
Normalmente, los estudiantes procedentes de otros estados deben pagar una matrícula mucho más alta (lo que se llama "out-of-state tuition"), pero esta ley da a los jóvenes sin estatus migratorio la oportunidad de acceder a la educación superior más accesible. A su vez, les permite solicitar ayuda financiera.
Defensores del programa aseguran que ha sido esencial para permitir a miles de jóvenes tener acceso a educación superior a un precio asequible y contribuir a la "economía estatal", según detalla un informe de la organización American Immigration Council.
En 2022, más de 57,000 estudiantes indocumentados estaban registrados en la red de universidades públicas de Texas, un 8 % del total de 666,000 alumnos, de acuerdo con datos del gobierno estatal y de la ONG Presidents Alliance.
En un comunicado anunciando la demanda, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, argumentó que Texas está dándole a los estudiantes sin un estatus legal beneficios que no ofrece a los ciudadanos.
"El Departamento de Justicia luchará incansablemente para hacer valer la ley federal y asegurar que los ciudadanos estadounidenses no sean tratados como ciudadanos de segunda clase en ninguna parte del país", indicó la fiscal.
Los ciudadanos estadounidenses residentes en Texas tienen acceso a las matrículas rebajadas si demuestran haber vivido en el estado por un año y haberse graduado en una escuela secundaria del estado.