Javier Simán, presidente de ANEP. / Foto: Óscar Machón
El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, cree que el Gobierno tiene todas las facultades para regular las actividades económicas que estarán permitidas para operar en una emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, advierte que es ilegal que el Ejecutivo pretenda impedir la movilidad. Pese a ello, el líder empresarial está decidido a mantener su llamado a personas y empresas a respetar la cuarentena. Eso, augura, permitirá reanudar la actividad económica en 15 días.
Abecafé envió a la ANEP una carta para pedir una postura más firme ante el Gobierno, ¿debe ser así?Esa carta se envió a mi antecesor, yo recién asumí el jueves pasado, apenas me estoy estrenando. Yo creo que deben entender que el rol del Gobierno debe ser colaborador con todas las autoridades pero a la vez somos vigilantes que se respete la ley, nosotros no somos oposición, no somos enemigos de nadie, sencillamente señalamos lo que no nos parece. Estamos en el ámbito económico pero lo que hacen en el ámbito político tiene un gran impacto, sobre todo en los empleos. Nosotros tenemos que trabajar con el Gobierno, funcionarios, ministros, para convencerlos de nuestro punto de vista. No somos una fuerza política, no tenemos poder de negociación, no podemos presionar ni amenazar. Tenemos que hacerles ver lo que nos parece que están haciendo mal y proponerles cosas que pueden servir. En esa manera estamos colaborando, proponiendo, no estamos de acuerdo en todo lo que el Gobierno está haciendo. Pero al final el que tiene las facultades legales es el gobernante.
El Presidente ha advertido que si las restricciones del decreto 22 no resultan, podría haber más. ¿Qué tan segura o negociada tiene ANEP la reapertura económica?Nosotros no tenemos poder de negociación, lo que tenemos es un diálogo muy abierto con ciertos representantes del Gobierno, tenemos la confianza de decirnos las cosas como las vemos, a veces se ponen tensas, pero al final es expresar nuestro punto de vista y entender el punto de vista de ellos. Hemos platicado y nos han dado el compromiso de que en 15 días podemos empezar a reanudar actividades en forma gradual con protocolos sanitarios para que podamos seguir enfrentando este virus porque no va a desaparecer.
¿Pero no es segura la reapertura?Es un compromiso que tenemos de abrir, por supuesto que estas dos semanas son de mayor contagio y por eso nosotros acompañamos el llamado que hay que mantenerse en casa y no salir innecesariamente, porque eso nos va a permitir que la cantidad de casos no se dispare. Tiene que ver con que no tenemos la capacidad en la atención médica pública de atender tantos casos.
¿Pero la empresa privada estaría dispuesta a suspender nuevamente las labores si los casos aumentan a pesar esta cuarentena?Por eso nuestro llamado, que estos 15 días nos quedemos en casa y que no hagamos salidas innecesarias que nos vayan a exponer porque de esta manera en dos semanas podemos empezar a volver a la normalidad. Hay que ir viendo cómo se desarrolla en cada municipio pero la idea es que en 15 días empecemos a abrir gradualmente las actividades para volver a la normalidad lo más pronto posible. Ojo, que la normalidad ya no va a ser como nosotros veníamos haciendo, porque igual vamos a tener que seguir con máscara, manteniendo distanciamiento social, tomando medidas sanitarias en las empresas porque el virus ahí está.
¿Piensa impulsar nuevas negociaciones con el Gobierno actual, ha tenido acercamientos con el Presidente o su hermano?Yo no le llamaría negociaciones, le llamaría pláticas, los que tienen que negociar son los actores políticos, los diputados, los partidos, el Gobierno. Sí tenemos una muy buena relación con algunos representantes con los que nos hemos estado reuniendo y les hacemos ver nuestros puntos de vista y de esa manera esperamos que continúe esa buena relación que hemos desarrollado. Hay momentos en los que no estamos de acuerdo pero eso no implica que vamos a romper nuestra relación y nuestra confianza. Hay temas en los que no hemos estado de acuerdo y lo decimos en privado y lo decimos públicamente también.
¿Ya conversaron después de la publicación del decreto 22?Hemos estado en pláticas. Al final ellos tienen la facultad por la ley de emergencia que por un decreto ejecutivo en el Ramo de Salud deciden cuáles actividades pueden continuar y cuáles no, la decisión la toma el Gobierno.
¿Qué observaciones tiene al decreto?Lo estamos revisando, creemos que hay ciertos productos descalificados o prohibidos cuando en nuestra opinión deberían ser las actividades que más exponen a la gente a riesgo, hay que tener cuidado que las decisiones no sean arbitrarias sino realmente técnicas.
Por ejemplo, la restricción al transporte público, las compras según número de DUI, la prohibición de movilizarse entre municipios, ¿cumplen la ley y la Constitución?En la parte de actividades permitidas y cuáles no, el Ramo de Salud tiene la autoridad bajo la ley de emergencia, ellos pueden decir cuáles actividades, pero otra cosa es la restricción a la movilidad de las personas, eso es otro tema y, en nuestra opinión, no se puede regular por el Ejecutivo porque es un derecho constitucional la libertad de movilidad y ese solo lo puede restringir la Asamblea Legislativa; en el decreto, no se le da esa facultad al Presidente. Sí se puede regular la manera en la que usted se moviliza, la documentación que tiene que presentar que compruebe que está en una de las actividades autorizadas, eso está permitido por la ley, lo que no puede es decir a qué días y a qué horas va a salir usted, eso es una restricción a la movilidad.
¿Y cómo puede hacer el Gobierno para que el ciudadano salga solo cuando es necesario?Mire, tenemos que hacer conciencia a la población que esto es por el bien de todos ellos, que solo salgan por cuestiones necesarias y actividades autorizadas y que se queden en casa porque eso nos va a permitir regresar más rápido a las actividades. Las cuarentenas le permiten regular que cuando usted sale tiene que comprobar adónde va, eso está bien, eso le da las herramientas suficientes para evitar que tanta gente salga. Por supuesto, hemos visto en las calles que ha aumentado el tráfico y la gente. El llamado del Presidente lo reiteramos nosotros: no hay que salir innecesariamente porque estas son las dos semanas de mayor riesgo y de contagio.
¿Cómo afectará el cierre de transporte público a la empresa privada?Tiene un gran impacto porque nuestros colaboradores mayormente se movilizan en transporte público. Vamos a tener que hacer un llamado a las empresas para que proporcionen el transporte a su personal. Tampoco, el sector ha tenido sus reservas de continuar operando con tantos pocos pasajeros, entonces, de esa manera las empresas tenemos que ver si contratamos buses para tener que movilizar al personal.
¿Cómo ve el clima de inversión en El Salvador respecto a la actitud presidencial?Creemos que el gobierno del presidente Bukele tomó las medidas adecuadas en el momento oportuno. Si bien hubo problemas en la manera de implementarlas, tal vez falta de coordinación, logística, es comprensible que los países no estaban preparados para esta situación. Sí creemos que algunas medidas se implementaron mal, algunas no muy claras permitieron que las autoridades abusen del poder y cometan abusos a los derechos individuales en las detenciones, hemos visto malos procedimientos en los centros de contención, se han dado situaciones que en el camino se han venido corrigiendo, hay que reconocer porque las medidas fueron acertadas. Lo que sí preocupa es cuando hay confrontación entre los tres órganos, deben estar trabajando de manera coordinada y eso tiene un impacto en la imagen, en la reputación del país y consecuencias en la atracción de inversiones, en la colocación de la deuda, a qué costo la vamos a colocar.
¿Cuál ha sido la reacción de los empresarios respecto al manejo de la emergencia?Ahorita hay tres amenazas, la primera es la amenaza a la salud, el virus, y esa es la prioridad número 1, pero venimos señalando que el impacto en la economía y los empleos también es importante y no debemos descuidar ese impacto, por eso venimos proponiendo medidas de alivio financiero. La tercer amenaza se crea cuando en medio de esas dos amenazas se violenta la institucionalidad o se toman decisiones que exceden los derechos constitucionales. Si la Asamblea se sobrepasa en querer hacer algo que la Constitución no le da, es donde nosotros saltamos y lo señalamos. Si el Ejecutivo pretende atribuciones que no le da la Constitución, también hay que señalarlo. En esta crisis de salud, económica, no podemos violentar la institucionalidad y esa es la preocupación de todos los empresarios, que el clima político se está poniendo muy caliente por las decisiones de salud y económicas.
¿Qué efectos concretos ha visto de esa reputación en las decisiones empresariales?Lo hemos visto en el conflicto con la Asamblea y el conflicto con el órgano judicial. Conflicto entre los órganos siempre va a haber, es parte de la democracia, del balance de poderes, pero para eso está la Constitución, la Sala de lo Constitucional, para dirimir esas diferencias. Cuando esas diferencias se vuelven públicas y se hacen comunicados o anuncios públicos, que incrementan la confrontación, tiene un gran impacto negativo en el exterior, en la atracción de inversiones.
Javier Simán, presidente de ANEP. / Foto: Óscar Machón
¿Ha visto algo de ese impacto negativo?Lo vemos cuando una empresa ha tenido que cerrar por la cuarentena, su situación económica se vuelve difícil y, si es una empresa extranjera y ve un conflicto político entre los órganos, al final decide ‘yo ya no voy a abrir aquí’ o ‘mejor cierro aquí y dejo mis plantas de Honduras o Guatemala’, la inversión extranjera es bien nerviosa, bien delicada y está viendo el ambiente político, al igual que el ambiente económico, eso hay que tomarlo en cuenta.
¿Hay despidos o suspensiones?No tenemos datos todavía, tenemos previsiones, si las remesas, el turismo, las exportaciones caen, si seguimos cerrados más tiempo, calculamos que se pueden perder 300,000 empleos o más.
¿Aún con las medidas económicas?Dependerá de qué tan rápido podamos volver. Sectores como turismo, abramos cuando abramos, no se va a recuperar de un solo, porque la gente todavía no va a empezar a viajar, tiene miedo, que en los demás países está el virus, su situación económica tal vez no está para viajar porque se han gastado sus ahorros, hablo mundialmente. El sector turismo va a tener un golpe muy fuerte, también hay oportunidades, el turismo interno tenemos que promoverlo, conoce tu país. En el tema de los productos nacionales, consume lo propio, es una oportunidad. En el tema de alimentos, es una oportunidad para que el país se vuelva autosuficiente, que fomentemos todo el sector agropecuario, conectado con la agroindustria. Sí hay retos grandes, pero también hay oportunidades. El tema de remesas, las exportaciones, perdemos los contratos, hay que volver a conseguir clientes en el exterior.
¿Qué tan rápida será la recuperación?El Salvador pensaba crecer 2.9 %, vamos a terminar en un decrecimiento de 5.4 %, es grave, pero la oportunidad es que para 2021 podemos crecer 4.5 % que es mejor que los últimos 10-15 años. Siempre después de una crisis hay un crecimiento económico, tenemos que saber aprovechar esas oportunidades que se están dando, reconvertirnos, empezar a producir otras cosas que otros países ya no están produciendo y fomentar diferentes culturas, emprendedurismo, mucha gente va a quedar desempleada, tenemos que tener una labor de capacitación, usted hacía este trabajo, le podemos ayudar para que pueda hacer otro trabajo porque en ese ya no hay oportunidad, le podemos capacitar para que usted monte otro negocio.
¿El plan económico no fue suficiente para amortiguar el desempleo?Es que de los $2,000 millones, $600 van para las alcaldías, $950 millones van para refuerzo presupuestario para el Gobierno, $450 millones se fueron para los $300 que repartieron, ahí ya se acabó los $2,000. Los $1,000 millones que aprobaron ahorita sí ya llevan propósito específico.
¿No es suficiente para evitar los despidos?La mayoría de empresarios y proveedores lo que quieren es salir ya a trabajar, por supuesto que todas estas medidas van a ayudar de alguna manera pero no a todos. Entonces, por eso lo importante de guardar la cuarentena estos 15 días para poder empezar a trabajar ya. Recuerde que la mayoría de salvadoreños se gana el sustento día a día, salen a vender. No tienen dinero para comprar comida para 15 días.
El decreto 22 es una realidad, usted ve ilegalidades...Sí y no.
¿Pero a la vez mantiene su llamado de no salir y a los empresarios de detener operaciones?Definitivamente, nuestro llamado a mantener la cuarentena, no salir innecesariamente. Ahorita el decreto 21 está vigente que tiene las actividades autorizadas. El decreto 22 sustituye al 21 y define cuáles actividades quedan autorizadas, ahí se está restringiendo más, pero también define la parte de las restricciones a la movilidad de personas, donde también se está haciendo restricciones mayores. Estoy claro que las restricciones a las actividades es la facultad del Órgano Ejecutivo aunque nosotros pataleemos, la decisión es del Gobierno, tiene toda la facultad. En la restricción de la movilidad individual, creemos que en Ejecutivo no tiene la facultad.