IIDC señala “estado de excepción fraudulento” en ley de cuarentena

El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) considera que la nueva ley de cuarentena emitida por la Asamblea Legislativa este martes por la madrugada, es en realidad un estado de excepción aprobado de manera fraudulenta y sin fundamentos jurídicos.A las 12:26 de la madrugada de este 5 de mayo, 56 diputados avalaron el decreto legislativo 639, que contiene la ley de Regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19. En ella, se ordena cumplir con la cuarentena domiciliar, define quiénes pueden salir, y regula qué pasa si un ciudadano la incumple.Según el IIDC, la aprobación de esta ley resuelve las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en las cuales se advierte una restricción de libertades sin aprobación legislativa, si no a través de decretos ejecutivos 12, 14, 19 y 21.El nuevo decreto legislativo, sin embargo, declara el territorio nacional como "zona epidémica sujeta a control sanitario", un concepto que para IIDC implica "la prohibición absoluta para ejercer los derechos constitucionales de libre tránsito, reunión y libertad personal", que solo pueden restringirse a través de un régimen de excepción."El decreto legislativo 639 contiene la emisión fraudulenta de un régimen de excepción sin que haya sido propuesto por el Consejo de Ministros, y sin que se justifique la existencia de alguna de las causas mencionadas para tal efecto en el artículo 29 de la Constitución", aseguró la institución, a través de un comunicado.En su artículo 29, la Constitución establece que pueden suspenderse estas garantías constitucionales "en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público".Cuarentena es "sancionatoria e inconstitucional"El IIDC señaló que la cuarentena avalada en el nuevo decreto tiene "el mismo carácter sancionador e inconstitucional" que todos los decretos ejecutivos emitidos desde el 11 de marzo, "pues la decisión de aplicar la cuarentena no obedece a criterios de salud pública, sino al supuesto incumplimiento" del resguardo domiciliar.En caso que una persona incumpla la cuarentena domiciliar sin justificación, la ley establece que el Ministerio de Salud determinará su traslado después de hacer exámenes médicos. Aunque estos resulten negativos a COVID-19 y no haya síntomas, también podría enviarse a un centro de contención, generando una "grave inseguridad jurídica", agregan.Esta disposición, según los juristas, es contraria al sentido del aislamiento sanitario del artículo 66 de la Constitución, y tampoco se subsana la ilegalidad en las restricciones a la libertad producidas "sin fundamento jurídico" desde el pasado 11 de marzo.El IIDC también ve con preocupación la facultad que se da a cualquier ciudadano de reportar casos sospechosos de COVID-19 por obligación, "lo cual deja abierta la puerta a notificaciones maliciosas de unos ciudadanos a otros, replicando prácticas que han sucedido y suceden en regímenes dictatoriales".